Es una posibilidad que se desprende del planteamiento de Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, ambos reconocidos abogados, en FiscalBlog. La cosa es bien sencilla. Bastaría con que el Senado, que tiene mayoría del Partido Popular, modificara su Reglamento para modificar los plazos de tramitación.
¿De qué manera? Alarcón y Miguélez recuerdan que son dos las vías para aprobar una Ley de Amnistía, que obligatoriamente tiene que ser por Ley Orgánica: el proyecto de ley y la proposición de ley.
Los proyectos de ley, explican, tienen su origen en el Consejo de Ministros. “Una vez aprobados por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo para oponer su veto, si bien la última palabra le corresponde de nuevo al Congreso de los Diputados en el trámite llamado de “aprobación definitiva” (artículos 88 y 90.2 de la Constitución)”, relatan.
Las proposiciones de ley, por su parte, tienen su origen en las propias cámaras (o en las Asambleas de las Comunidades Autónomas).
Los dos abogados descartan, en un principio, el proyecto de ley como iniciativa legislativa mientras el Gobierno está en funciones, “pues lo interdice claramente la ley”.
Por lo tanto, queda la proposición de ley como única posibilidad de ejecutar una ley de amnistía.
Alarcón y Miguélez explican que el artículo 104 del Reglamento del Senado no hace distinción alguna entre proyecto y proposición de ley. “Su artículo 106 establece el plazo que tiene el Senado para oponer su veto que, a día de hoy, es común para ambos”, señalan.
La clave está en excluir las proposiciones de ley de los plazos de tramitación aplicables a los proyectos de ley, que son de dos meses o 20 días para los urgentes.
Los dos letrados consideran que eso puede hacerse modificando el Reglamento del Senado, por mayoría absoluta de senadores, de conformidad con su artículo 196.
La mayoría absoluta de la que goza el PP en el Senado les permite alcanzar, precisamente, el quorum necesario para tal fin.
“A nuestro juicio, el plazo podría ser otro superior, permitiendo inclusive la intervención de las Comunidades Autónomas afectadas, sin resultar constreñido por el plazo marcado por la Constitución para los Proyectos de Ley”, explican.
LA SOMBRA DEL CONDE DE ROMANONES
En ese caso la posible Ley Orgánica de Amnistía podría tramitarse como proyecto de ley, además de originarse en el Consejo de Ministros (¿en funciones?, se preguntan), debería sujetarse a la tramitación previa para una norma de este tipo, con la preceptiva solicitud de informe al Consejo General del Poder Judicial, de dictamen al Consejo de Estado y el trámite de información pública. De tal modo que la sociedad española podría tener conocimiento completo de lo que se pretende aprobar, por quien y con qué intenciones.
“Todos conocemos los hechos que ocurrieron en octubre de 2017 y el resultado que dieron en Cataluña, con la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución. Lo que es menos sabido es que, el verdadero 155 no fue la puesta en marcha de este precepto del más alto orden legal, sino la aparición en el BOE de un reglamento, pergeñado por el Ministerio de Hacienda de la época, por el cual se le cortaba el grifo de financiación a la Comunidad Autónoma señalada a no ser que se aportara y acreditara el destino de las facturas de gasto efectuadas por sus entes públicos”, recuerdan.
“Con este decreto, propio de Romanones, se asfixió financieramente a los sediciosos, reduciendo el riesgo -sin eliminarlo- de destinar dinero público para fines inapropiados. No minusvaloremos, pues, el poder que puede tener un reglamento. Más todavía si este tiene la categoría de ley y forma parte del bloque de constitucionalidad, como ocurre con el del Senado. Su reforma inmediata puede resultar más que saludable para el mantenimiento del estado social, democrático y de Derecho en el que crecimos y en el que merecemos vivir”, concluyen.
Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, pasó a la historia por la frase «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos», aunque no hay una fuente histórica que corrabore su autoría.
Romanones fue un político y estadista español que vivió entre 1863 y 1950. Desempeñó varios cargos políticos a lo largo de su carrera, incluyendo ser presidente del Congreso de los Diputados de España en múltiples ocasiones.
Era conocido por su habilidad política y su astucia, y esta frase se ha atribuido a su actitud hacia la política y la legislación.
La frase refleja la idea de que los políticos pueden establecer las leyes generales, mientras que los detalles y la implementación práctica pueden ser mejor manejados por expertos y técnicos en la forma de reglamentos que, en última instancia, permiten puentear o, incluso, inaplicarlas.
