De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Isabel Winkels, Eugenio Ribón, Javier Mata, José Ignacio Monedero, Emilio Ramírez Matos, Juan Manuel Mayllo, María Dolores Fernández, José Ramón Couso, Mabel Klint, Teresa Mínguez, Roberta Pozas, Pedro Lescure, Ana Buitrago, Ester Mochlí y Gabriel Rodríguez. Foto: ICAM.
La Junta de Gobierno del ICAM considera inaceptables el «lawfare» y la creación de comisiones parlamentarias para vigilar a los jueces
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09/11/2023 22:22
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Actualizado: 09/11/2023 22:45
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La abogacía madrileña se muestra contundente en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad que el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts. Y de forma específica por el uso del término «lawfare» y la creación de comisiones parlamentarias de investigación con las que pretenden vigilar las investigaciones y las condenas contra separatistas que estén haciendo los jueces o las sentencias que hayan dictado ya.
Y advierte que «ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes». Sobre el uso del término «lawfare»(instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los juzgados y tribunales, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presidida por su decano, Eugenio Ribón, se ha pronunciado con rotundidad: «no tiene cabida en un Estado Democrático».
También considera «inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional», dice en un comunicado, producto de una reunión telemática celebrada esta tarde entre todos sus miembros.
El ICAM recuerda lo básico, el ABC que todo político debería tener presente, que la conformación de mayorías parlamentarias «ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional y que «la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional».
De la redacción del acuerdo PSOE-Junts el ICAM entiende que el Estado Derecho, del que la sumisión de los jueces a la ley y su independencia, son piezas fundamentales, «debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad».
Por último, el Colegio de la Abogacía de Madrid subraya que la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea «rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil».
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