Es lo que entienden múltiples fuentes jurídicas consultadas por Confilegal tras estudiar el acuerdo suscrito por el PSOE y por el partido separatista catalán Junts para facilitar a Pedro Sánchez su investidura como presidente del Gobierno.
Y de forma especial el punto referido a la Ley de Amnistía, que, como avanzó el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, comprenderá el periodo entre 2012 y 2023.
«Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones y procesos judiciales vinculados a estos eventos», dice el texto.
En el mismo se especifica que habrán unas comisiones de investigación parlamentarias que «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicalización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Este párrafo supone, para dichas fuentes, «una deslegitimación del poder judicial. Es puro ‘chavismo'», en referencia al régimen bolivariano de Venezuela que ha laminado a su poder judicial.
LA «LAWFARE» IMPLICA QUE LOS JUECES PREVARICAN CUANDO SENTENCIAN CONTRA LOS INDEPENDENTISTAS
«El termino utilizado, ‘lawfare’ , cuya traducción sería guerra jurídica o instrumentalización de la justicia, en el Código Penal solo tiene una traducción, que es la prevaricación. Porque una sentencia dictada por motivaciones políticas es una resolución injusta. Cuando se incorpora, en términos penales, la expresión ‘lawfare’ de entrada hay una imputación implícita de prevaricación a todos los jueces que han suscrito sentencias contra los independentistas», explican.
«Si además ese texto dice que, en función del resultado de esas comisiones de investigación se depurarán las responsabilidades a que hayan lugar es evidente que los únicos responsables del ‘lawfare’ son los jueces. El Parlamento se impone sobre el poder judicial, el que los ha investigado y los ha condenado. Es que el poder judicial no tiene otra función que luchar contra las inmunidades del poder ejecutivo. Esto es un delirio», añaden.
«Hoy es un día aciago para la justicia. Y el día que entre en vigor la ley de amnistía se habrá acabado la independencia judicial. ¿Qué juez o magistrado se atreverá a iniciar una investigación sabiendo que hay unas comisiones parlamentarias de investigación, que son tribunales del pueblo, que van a vigilar su trabajo, y que va a tener consecuencias para su persona y su carrera?», afirman otras.
LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTADAS SON TRIBUNALES DEL PUEBLO CONTRA LOS JUECES
La opinión de unas terceras fuentes consultadas es que estas «comisiones de investigación son como un comodín. Un subterfugio que han creado para extender a la ley de amnistía que se apruebe todos los delitos que no hayan sido incluidos. Es evidente que es una reacción a la última decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, [Manuel] García Castellón, de abrir una investigación a Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo. Estamos coqueteando con el abismo».
Con esta ley de amnistía podrían quedar incluidos el clan de los Pujol, la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, o el abogado Gonzalo Boye, imputado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Su entrada en vigor, sin embargo, se va a encontrar con desafíos a los que hacer frente. Por una parte, la Comisión Europea puede denunciar a España, como hizo con Hungría y Polonia. Y puede abrir un procedimiento de condicionalidad para subordinar el pago de los fondos europeos.
Por otra, puede producirse la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y la elevación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si una ley de amnistía como esta, que beneficia a personas que han cometido delitos de malversación de fondos públicos, va en contra del derecho comunitario.
