Si Lope de Vega volviera a nacer seguramente encontraría en la respuesta que todos los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estados, inspectores de Hacienda y demás profesionales del mundo legal materia suficiente para escribir un nuevo «Fuenteovejuna». Porque es, justamente, lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas.
Jamás antes el Gobierno de turno había encontrado una respuesta tan unánime, tan contundente como la que está recibiendo por el acuerdo suscrito con Junts, la formación que lidera el separatista y prófugo, expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Hasta dos de los tres vocales progresistas de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial votaron con la mayoría. Y la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia suscribió un comunicado en la misma dirección: oponiéndose al acuerdo PSOE-Junts en el que se acusa a los jueces de aplicar el concepto «lawfare», que no es otro que atribuir a los jueces y magistrados que han investigado a los separatistas, y a algunos de ellos han condenado, una suerte de prevaricación.
Y en el que se acuerda la creación de una «checa» parlamentaria para controlar y vigilar las sentencias que los jueces y magistrados pudieran dictar contra los separatistas catalanes, como la que condenó a la expresidenta del parlamento autonómico, Laura Borrás, que fue condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos, por ejemplo.
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y AUDIENCIAS PROVINCIALES
Ahora tres de las diecisiete Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón y Extremadura, han suscrito un comunicado asumiendo el de las cuatro asociaciones judiciales en el que rechazan el «lawfare» independentista y recordando que «los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley», como establece el artículo 117.1 de la Constitución.
Estas expresiones, recuerdan, «en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
Y lo mismo han hecho los presidentes de las 52 Audiencias Provinciales. Lo mismo: rechazo completo.
«Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho», han afirmado.
Muestran, además, su sorpresa e indignación ante el documento suscrito por PSOE y Junts porque plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, «lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».
TAMBIÉN ABOGADOS DEL ESTADO Y LETRADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Los abogados del Estado, por otra parte, también se han unido a este Fuenteovejuna judicial, contra el «lawfare» y las «checas» parlamentarias a través de su asociación.
«La Asociación traslada su total reconocimiento y apoyo a todos los abogados del Estado que han intervenido provisionalmente en todos los procesos, haciendo extensivo tal reconocimiento a los restantes empleados públicos que, con objetividad y abnegación, también garantizan la plena vigencia de la Constitución», dicen en un comunicado.
Y rechazan cualquier alusión al «lawfare, entendido como un uso alternativo del derecho, ajeno a las normas sustantivas y procesales que resultan de aplicación en cada caso», expresando su solidaridad con los jueces y magistrados, quienes actúan con independencia sometidos únicamente al imperio de la ley.
Por otra parte, la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas (ACLA), órgano en el que el próximo 17 de noviembre tiene que tener lugar el juicio contra 35 encausados, entre ellos los prófugos Carles Puigdemont y Toni Comin, por una responsabilidad contable de 3,1 millones de euros.
La ACLA cierra filas con los consejeros que tienen que juzgarlos. «Consideramos que, en ningún caso, la actuación de los consejeros del Tribunal de Cuentas que han conocido o conozcan de estas causas podría ser sometida a un examen de las Cortes Generales contrario al principio de separación de poderes establecido en la Constitución», subrayan.
Recuerdan, finalmente, «que el Tribunal de Cuentas como órgano constitucional está sometido a la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones; que, en consecuencia, conoce y ha conocido de todas las causas que se han sustanciado ante él con arreglo a un estricto principio de legalidad; y por ello, rechazamos toda referencia a una ‘judicialización de la política’ o ‘lawfare’, en los términos expuestos».
