Desde que el pasado 9 de noviembre el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) hiciese pública su posición respecto al acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en la que mostraron su rechazo al ‘lawfare’ y a la creación de comisiones parlamentarias para vigilar a los jueces, los grandes despachos se han ido sumando en masa a esta opinión.
Lo han hecho públicamente a través de redes sociales como Twitter o LinkedIn.
Pérez-Llorca y Garrigues
Pérez Llorca fue el primer gran despacho en posicionarse. Lo hizo a través de un comunicado en el que exigía respeto a la independencia judicial e insistieron en la necesidad de respetar el principio de separación de poderes como fundamento del Estado de Derecho.
El escrito difundido por el bufete dirigido por Pedro Pérez-Llorca relató que “los jueces y magistrados españoles ejercen su función con arreglo a la ley”, es decir”, “con independencia y personalidad”.
Posteriormente, Garrigues manifestó su “disconformidad con toda injerencia desde cualquier posición política o ideológica en la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están únicamente sometidos al imperio de la ley”.
La firma presidida por Fernando Vives relató que la separación de poderes es una pieza básica del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución.
Ontier y Cuatrecasas
A ellos les siguió Ontier, el despacho dirigido por Pedro Rodero. Mostraron su absoluto rechazo a los ataques contra los pilares de “nuestro Estado de Derecho incluidos en la investidura” como la concesión de amnistía a personas condenadas por los graves delitos cometidos en 2017.
También se mostraron en contra de la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional, que supone un ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes.
Asimismo, recordaron que los valores que contiene la Constitución -la libertad, la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos– «no serían posibles sin el ejercicio independiente de su función de los Jueces y Magistrados y la defensa del interés general de los servidores públicos, a los que mostramos nuestro total apoyo y solidaridad».
Cuatrecasas, liderado por Rafael Fontana, respaldó la división de poderes como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna. «La independencia del Poder Judicial es uno de los ejes vertebradores de la democracia y rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla».
Broseta y RocaJunyent
El despacho Broseta, presidido por Manuel Broseta, también se adhirió a la declaración institucional del ICAM.
«La separación de poderes y la independencia judicial son dos pilares garantes de nuestro Estado de Derecho, cualquier intervención en estos principios supone romper nuestro marco constitucional de convivencia», el cual «es fruto del consenso de la mayoría de los españoles, así como del trabajo, el tesón y el compromiso de muchas personas que pusieron en riesgo no sólo su libertad, sino sus vidas para conseguirlo».
Entre ellos, Manuel Broseta Pont, asesinado en 1992 por ETA, fundador del despacho.
Por otro lado, la firma RocaJunyent, cuyo presidente es Miquel Roca Junyent, «padre» de la Constitución expresaron su reconocimiento «a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico».
Uría Menéndez y Ceca Magán
En cuanto a Uría Menéndez, despacho presidido por Jesús Remón, expresaron su reconocimiento a la «importante labor que, con independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley, vienen desarrollando nuestros juzgados y tribunales en garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos». De modo que dejaron claro que se adhiriese a la declaración institucional del ICAM.
Y prácticamente con las mismas palabras, Ceca Magán, presidido por Esteban Ceca, comunicó, tanto en nombre de sus abogados como directivos, expresaban públicamente su compromiso con la Constitución y su «máximo respeto a todos los estamentos judiciales».
Gómez-Acebo & Pombo y Elzaburu
Gómez-Acebo & Pombo, cuyo socio director es Íñigo Erláiz, publicó que «desde la función esencial que la abogacía tiene encomendada en el Estado de Derecho, manifiesta su adhesión a la declaración institucional de la Junta de Gobierno del ICAM aprobada en sesión extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2023 y publicada en el día de ayer, con pleno respeto a las instituciones y a la pluralidad política».
Y desde Elzaburu, dirigido por Mabel Klimt, decundó íntegramente el comunicado de ICAM.
