Las manifestaciones del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, realizadas a la emisora catalana RAC1 viendo bien que el Estado español autorice un número de escoltas españoles, ya sea de la Policía Nacional o de los Mossos d’Esquadra, para proteger en Bélgica al prófugo Carles Puigdemont, se han encontrado con una seria advertencia por parte de la asociación de juristas Movimiento 24.DOS: se querellarán contra la persona que lo autorice por malversación de fondos públicos y prevaricación.
«Es una malversación y una prevaricación de libro. Es, de todo punto, inaceptable», ha declarado a Confilegal el presidente de esta asociación, Nicolás González-Cuellar, abogado y catedrático de derecho procesal penal de la Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El Movimiento 24.DOS sale así al paso de la pregunta que ayer le realizó la emisora catalana, RAC1, sobre esta cuestión. Bolaños contestó: «Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Por lo tanto, esta petición creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda».
Después, fuentes del Ministerio del Interior declararon que habían dejado en manos de la Generalitat de Cataluña la decisión de poner escolta de los Mossos a Puigdemont. Porque consideran que es a la Generalitat a quien le corresponde responder a la petición del expresidente fugado de contar con escolta de forma inmediata.
El expresidente de la autonomía catalana realizó dicha petición poco después de que el PSOE registrara el lunes la ley de amnistía que, si se aprueba, perdonará todos los delitos en su intento de independizar a Cataluña de España.
«La competencia para este tipo de servicios es del Ministerio del Interior. Y tiene que ser autorizado por el responsable del Ministerio de Interior de la asignación de escoltas, que es el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaria de Estado de Seguridad. O la persona que le corresponda esta responsabilidad», ha explicado González-Cuéllar.
«El gobierno autonómico catalán no tiene competencia para tomar la decisión de enviar escoltas al extranjero. Y mucho menos para proteger a un prófugo. Esto supone una utilización fraudulenta de fondos públicos, de todo punto inadmisible. El responsable, la persona que tome esta decisión final, debe saber que es inadmisible y que desde el momento en que lo haga se va a encontrar con una querella ante los tribunales por esos dos delitos», ha añadido.
«La querella va a ser presentada ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, de Madrid. O en las instancias pertinentes. Si se va a seguir adelante con este sinsentido. El señor Puigdemont hoy por hoy es un prófugo de la Justicia española«, ha subrayado.
TAMBIÉN CONTRA LOS LETRADOS DE LA MESA DEL CONGRESO
De la misma manera, la asociación de González-Cuéllar, de la que son vicepresidentes Adolfo Prego, abogado y exmagistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, e Ignacio Gordillo, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional, ha anunciado a este diario que van a actuar contra las personas de los letrados de las Cortes Generales que propicien la tramitación de la la proposición de ley de amnistía.
«Lo que es manifiestamente ilegal, como estableció con toda claridad esa misma Mesa del Congreso en la pasada legislatura», ha precisado.
«La Asociación no va a parar en defender al estado de derecho y a la democracia contra el peligro de desaparecer», ha concluido.
