El acuerdo de conformidad suscrito por los abogados de Shakira (46 años) con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de la Generalitat de Cataluña contempla, finalmente la devolución de la cuota defraudada a la Hacienda Pública española –14,5 millones de euros, que ya ha devuelto más intereses (17,4 millones de euros en total)– y una multa de 7,3 millones de euros, el 50 % de la cuota defraudada.
Además, ha aceptado una condena de 3 años de cárcel, que no cumplirá pero que «compensará» con otra multa de 432.000 euros.
El magistrado del caso, en la Audiencia Provincial de Barcelona, José Manuel del Amo, aplicó la excepcionalidad contemplada en el artículo 80 del Código Penal, en su apartado 3, que dice que aunque la pena sea superior a 2 años, siempre que no se trate de un delincuente habitual –y la cantante no lo es–, que la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular «el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen, se podrá suspender la ejecución de la pena».
Shakira, de esta forma, se beneficia de la reforma que el Gobierno del Partido Popular realizó al Código Penal. El delito fiscal es el único en el que no se aplica la continuidad delictiva en beneficio del reo, en este caso de la reo, para facilitar el abono de lo reclamado por Hacienda, aplicando la suspensión de la pena.
Aunque, eso sí, a un costo final de 24.832.000 euros a pagar a la Hacienda española.
Esta es la consecuencia de haber contestado afirmativamente a las preguntas preceptivas del magistrado en esta sentencia de conformidad que, como consecuencia, se convierte en firme.
La Fiscalía pedía a Shakira, por cada uno de los seis delitos de defraudar a la Hacienda pública española una pena de prisión de 2 años y 4 meses. Lo que sumaba un total de 8 años y 2 meses. Y una multa de 23,5 millones de euros que finalmente ha rebajado a 7,3 millones.
Los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771-, sumando entre los dos 14.562.968 euros.
Shakira permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, en todos los casos por encima de los 183 días al año que, de acuerdo con la ley, la convertían en residente fiscal en España, con la obligación de tributar en este país por toda su renta mundial, con independencia de donde se hubiera producido.
La cantante siempre mantuvo que durante ese periodo estuvo viajando por todo el mundo. La Agencia Tributaria llevó a cabo una profunda investigación, interrogando a proveedores de servicios y profesionales que dieron servicio a Shakira durante ese periodo.
Las pruebas que reunió eran concluyentes. La cantante pasó todo más tiempo en España del que afirmaba.
La Fiscalía mantenía que, para evitar pagar impuestos en España, la artista se valió de un entramado de 15 sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, a las que nombró titulares de sus rentas y patrimonios en vez de ponerlas a su nombre, supuestamente «para ocultar» sus rentas a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agencia Tributaria de Cataluña.
