La nueva ejecutiva de la APIF. De izquierda a derecha, Santiago Sánchez, Ricardo de Mosteyrín Sampalo, María Luján Castro Rodríguez, Miguel Pallarés Rodriguez (Presidente), Sylvia López Ubieto y Vicente Javier González Mota. La nueva Ejecutiva de la APIF mantiene la línea beligerante y reivindicativa frente al fiscal general del Estado. Foto: APIF.
La APIF reclama un fiscal general del Estado independiente, condiciones que no reúne el actual
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27/11/2023 06:30
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Actualizado: 27/11/2023 10:58
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La Asociación Profesional de Fiscales (APIF), la tercera de las tres existentes, no considera que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el próximo martes será renovado en el cargo por el Consejo de Ministros, reúna las condiciones que se precisan para ocupar ese cargo.
«La designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación ya tristemente popular: ‘¿la Fiscalía de quien depende?'», dice la APIF en un comunicado tras la celebración de su reciente Congreso, que ha tenido lugar en el Salón de Actos de los Juzgados de Madrid este pasado viernes y sábado.
Miguel Pallarés, fiscal en Las Palmas de Gran Canaria, vicepresidente hasta ahora, asume la Presidencia de la APIF, sustituyendo a Salvador Viada, que continúa como vocal en el Consejo Fiscal de la Fiscalía, puesto para el que fue elegido por la carrera.
Junto a Pallarés continúan en la Ejecutiva Santiago Sánchez, fiscal de la Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid); Vicente González Mota, que está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional; y Sylvia López Ubieto.
Entran nuevos Ricardo de Mosteyrín Sampalo, destinado en Las Palmas, y María Luján Castro Rodríguez, fiscal de Toledo.
«La APIF considera que el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno«, subraya esta asociación.
En ese sentido, suscribe íntegramente la carta que los 18 fiscales del Tribunal Supremo elevaron al Fiscal General, lamentando su falta de apoyo, su silencio, ante las acechanzas que viene sufriendo los fiscales encargados tanto en el Tribunal Supremo como en Cataluña, en relación con los hechos que incluirán la ley de amnistía.
Y manifiestan su apoyo expreso al «compañero Pedro Ariche, teniente fiscal del TSJ de Cataluña, ante la injusta e intolerable acusación, por la forma y fondo, que sufrió en el Parlament de Catalunya en un acto oficial».
EL FIN ÚLTIMO DE LA AMNISTÍA ERA HACERSE CON EL GOBIERNO
La APIF también afirma con rotundidad que la razón última de la amnistía que ha puesto en marcha el Gobierno no tiene otro fin que la de obtener los siete votos de Junts para conseguir que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno.
La APIF afirma que la razón última de la presente amnistía en tramitación no responde al propósito de concordia y restauración de la convivencia, con inherente deslegitimación de la intervención de jueces y fiscales, sino a la necesidad -pero no a la virtud- de obtener un número de votos para la investidura.
«Se contraviene el principio de igualdad, el principio de separación de poderes y se lesiona el principio de interdicción de la arbitrariedad, y, además, sin general consenso parlamentario», subraya la asociación de fiscales.
INDEPENDENCIA ECONÓMICA PARA LA FISCALÍA
En línea con lo anterior, la APIF reclama un presupuesto propio y diferenciado del Ministerio de Justicia para la Fiscalía General del Estado para avanzar en la necesaria autonomía de este órgano, así como la instauracion de potestad reglamentaria de autoorganización para el Ministerio Fiscal.
«Es preciso incrementar las plantillas del Ministerio Fiscal. Son conocidos los datos de que en los próximos años las jubilaciones de fiscales se van a multiplicar y hay que prevenir ese hecho desde este momento, para no tener que lamentar en unos pocos años la falta de fiscales que aboque a la adopción de soluciones de emergencia», destaca la APIF.
NOMBRAMIENTOS
Sobre esta materia, esta asociación de fiscales considera que «deben establecerse reglas claras de abstención en los vocales del Consejo Fiscal». Consideran que la práctica de votar a benefactores, a los propios futuros jefes o futuros subordinados es impropia.
«Pero el colmo está en la presentación de los vocales del Consejo Fiscal para puestos que han de ser votados en el propio Consejo, una práctica prohibida para los vocales del CGPJ y que aquí se acepta con naturalidad y sin escándalo alguno. Deben acabarse ciertos vetos en la Fiscalía, y también, entre ellos, el veto a los fiscales de la APIF en materia de nombramientos».
Asimismo promueven el modo de consultar a las plantillas en las que se va a realizar el nombramiento de un fiscal jefe cuando hay varios candidatos, de modo no vinculante y a través del voto secreto, o quizá a través de la respuesta de un cuestionario.
CAMBIOS EN EL CONSEJO FISCAL
«La APIF exige cambios fundamentales en Consejo Fiscal, aumentando sus competencias decisorias, cambiando su régimen electoral, y disminuyendo las potestades de quien dirige la institución. Debe establecerse en el Consejo Fiscal facultades de control de la actuación del Fiscal General, que no puede actuar como un ‘Rey Sol’ en la Fiscalía, por el riesgo de incurrir en desviación de poder cuando no de conductas que podrían ser calificadas jurídicamente con mayor gravedad», apuntan.
En esta línea, el Congreso de la APIF ha autorizado a la Comisión Ejecutiva para ejercitar las acciones que considere necesarias para depurar las responsabilidades que procedieran, valorando el conjunto de circunstancias y evaluando el resultado de los diversos procesos en curso.
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