Esta son las 51 plazas vacantes que el CGPJ ha convocado: 16 son del Supremo
El CGPJ considera que ello implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes.

El CGPJ reitera su rechazo al ‘lawfare’ y advierte que vigilará el desarrollo de las comisiones de investigación parlamentarias

5 / 12 / 2023 12:33

Actualizado el 05 / 12 / 2023 12:42

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes reiterar el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre. En él expresaba su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’.

El acuerdo se ha aprobado en una reunión extraordinaria convocada a petición de los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la denominada ‘operación Cataluña’.

Ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente interino del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, después de que este y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es insuficiente y necesita ser ampliado. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

El comunicado aprobado el pasado 9 de noviembre a la vista del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts. En él repudiaron el término «lawfare» -judicialización de la política–, contenido en dicho acuerdo, y la intención de crear comisiones parlamentarias de investigación para determinar las «responsabilidades» derivadas de las investigaciones de los jueces y magistrados sobre elementos separatistas que supuestamente hayan cometido delitos o las consiguientes sentencias dictadas.

Pues ello implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes, manifestaron.

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