El Tribunal Supremo (TS) ha acordado no admitir a trámite la querella que presentó Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por presunta prevaricación al no ver delito en que permitiera el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja sin estar todavía aprobada la reforma del Reglamento pertinente.
Los magistrados han concluido que el hecho de que Armengol autorizara a los parlamentarios a no utilizar de forma obligatoria el castellano y les fuera permitido usar otras lenguas oficiales, «tuvo lugar en un contexto de modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir esa situación».
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal ha incidido en que dicha modificación se produjo dos días después, «siendo aprobado en la nueva redacción la autorización en el Parlamento de lenguas distintas del español».
El tribunal ha considerado que el hecho de que no estuviera expresamente autorizado en la sesión del 19 de septiembre «no significa que no pudiera autorizarse su utilización», sobre todo si dos días después iba a modificarse.
La querella de Vox
Fue el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien adelantó que la formación se querellaría contra Armengol por un presunto delito de prevaricación por «inaplicación del Reglamento del Congreso». La actuación de la presidenta, según el partido de Santiago Abascal, vulneraba cuatro artículos del Reglamento y uno de la Constitución.
La responsable jurídica de la formación, Marta Castro, argumentó en su escrito que el uso de otras lenguas «no conocidas por el total de los diputados del Congreso se realizó sin cobertura legal y sin poder certificar la autenticidad de las interpretaciones, impidiendo así el correcto ejercicio de representación democrática y sin provocar nada más que la indiferencia» a la presidenta de la Cámara Baja.
A su juicio, Armengol actuó «al margen de la legalidad, a sabiendas, y con clara voluntad de infringir el Reglamento» a pesar de que «fue advertida de forma expresa por diputados del Grupo Parlamentario Vox de las infracciones que se estaban cometiendo». Sin embargo, la presidenta continuó con la sesión «permitiendo y alentando los hechos, incluso participando de ellos», lo que prueba, según ellos, «el sesgo ideológico o el interés partidista que indebidamente impregna sus decisiones».
El Supremo, sin embargo, ha desestimado los argumentos de la formación y ha acordado inadmitir a trámite la querella al no apreciar indicios de delito en la actuación de la presidenta del Congreso.
