En las últimas semanas el pacto entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes, junto con la creación de la futura ley de amnistía, está introduciendo un término anglosajón desconocido para muchos, el «lawfare».
Pero esta idea no es nada nueva, y muchos políticos la han usado muy frecuentemente para rebatir a los jueces. Políticos como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona o Jaume Asens, exdiputado del congreso por En Comú Podem han utilizado este concepto para obtener rédito político.
En el caso de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, resulta muy paradójico, puesto que se presentó a las elecciones municipales de mayo con cuatro casos abiertos.
Todo esto debido a las querellas presentadas por diferentes sectores municipales, a raíz de sus nefastas políticas de movilidad, urbanismo y vivienda implementadas en su mandato.
Gran parte de su campaña política se basó en torno a estas acusaciones, intentando vender una persecución hacia su persona y su partido, además de arremeter constantemente contra empresas y lobbies importantes de Barcelona.
Jaume Asens, el exdiputado del congreso por En Comú Podem y negociador de Sumar, también suele utilizar este recurso para defenderse.
Actualmente el Tribunal Supremo le investiga por presuntas coacciones, extorsión, falsedad, fraude o prevaricación a varios empresarios españoles. Frente a esta investigación, el político catalán se defiende alegando que se trata de una conspiración organizada por las élites económicas con el objetivo de perjudicarlo.
Más antecedentes de esta utilización por parte de los Comuns la encontramos en el actual diputado de SUMAR en el Congreso, Eloi Badia.
Quien fuera el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Barcelona está bajo investigación judicial por el juzgado de Badalona desde 2022. Badia se enfrenta una investigación judicial relacionada con la gestión de la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs durante su mandato en el ayuntamiento.
El diputado de SUMAR sostiene que esta investigación es una conspiración hecha por los «lobbies» y las grandes empresas catalanas, como represalia por las políticas implementadas en su mandato.
Es irónico que tanto Jaume Asens, Ada Colau, Eloi Badia, así como otros miembros de los Comuns empleen este término para justificarse frente a cualquier acusación en su contra.
Es una estrategia habitual de En Comú. Ya que cuando algún miembro del partido recibe una denuncia, esté despliega una intensa comunicación partidista para denunciar supuestos intentos judiciales de «lobbies» y empresas en contra de su ideología.
De esta manera, buscan resaltar posibles delitos que se les imputan desde cargos públicos, convirtiéndose en defensores que luchan contra un sistema dirigido por poderosos.
Otras figuras importantes del núcleo duro del partido, como Janet Sanz, Marc Serra o Lucia Martín, también han adoptado en el pasado el término «lawfare» para venderse como víctimas en diversas ocasiones.
Lo que buscan con esto es blanquear los posibles delitos supuestamente cometidos desde un cargo público y convertirse en aquellos mártires que luchan contra el sistema dirigido por los poderosos.
El término lawfare fusiona las palabras «ley» y «guerra», y hace referencia al uso estratégico de las leyes para perjudicar a los rivales políticos.
En España el «lawfare» ha estado presente en varios casos judiciales que han polarizado la opinión pública.
Algunos políticos defienden su uso como una herramienta necesaria para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que otros argumentan que puede ser instrumentalizado para fines políticos.
