digitalización registro civil Justicia
El Ministerio de Justicia lanza un contrato para la digitalización del registro civil.

La digitalización del Registro Civil entre 2024 y 2025 costará 5 millones de euros

16 / 12 / 2023 06:30

La digitalización se ha convertido en uno de los claros objetivos del Gobierno de España. Tanto es así, que las principales administraciones que lo integran ya están diseñando planes multimillonarios para conseguir la «actualización digital» de sus departamentos. También el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, que ya ha aprobado un nuevo contrato de más de 5 millones de euros para esta función. En concreto, para digitalizar el Registro Civil de los españoles.

La digitalización está llegando a la Administración pública. Eso sí, a un ritmo lento que llega a desesperar a más de uno. Especialmente, en el campo de la Justicia.

Y es que muchos son los profesionales del mundo judicial, incluidos jueces, fiscales y funcionarios de Justicia, que mantienen sus quejas históricas de la cantidad de papel que existe en los juzgados y edificios del Ministerio de Justicia.

Un trabajo que ahora recae sobre los hombros del nuevo triministro y hombre fuerte del Gobierno, Félix Bolaños. Y es que el nuevo ministro de Justicia deberá continuar con esta labor, en busca de una Justicia cada vez más eficaz, y «eco».

Digitalización que ha supuesto ahora un contrato de más de cinco millones de euros. Así pues, desde la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, se ha formalizado un contrato de 5.546.665 euros (IVA incluido) para el «servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios del sistema informático DICIREG».

Justicia gasta casi tres millones al año en la digitalización del registro civil

«DICIREG es la plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, sobre la cual se tramitan los expedientes por medios electrónicos, se inscriben todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro» explica la propia web de Justicia sobre este servicio.

La contratación del soporte del DIGIREG tiene una duración de 24 meses.

Un tiempo que se prevé que comience a mediados del próximo mes de enero, estando vigente hasta comienzos de 2026. Algo que hace que cada año de soporte de este servicio cueste casi tres millones de euros a los españoles.

Cifra que, eso sí, el Ministerio de Justicia ha adjudicado a una PYME situada en Madrid. En concreto, la empresa Capgemini España S.L. Empresa que será la encargada a partir de 2024 de gestionar la digitalización de este servicio público dependiente del departamento de Bolaños.

Un paso más adelante que se da desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de España para conseguir la digitalización que también se espera de las empresas privadas.

Noticias relacionadas:

El Ministerio de Justicia estudia rebajar de tres años a uno la experiencia exigida para entrar en el turno de oficio

El Gobierno nombra a Ignacio Sola Barleycorn nuevo director del Centro de Estudios Jurídicos

Opinión | La justicia española bajo los algoritmos

Opinión | La hora del CGPJ: La cooperación judicial internacional no puede seguir ni un minuto más en manos del Gobierno

Opinión | El sistema de oposiciones a LAJ, un callejón sin salida

El anteproyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita «está muy avanzado» y en las «próximas semanas» iniciará su tramitación

Lo último en Mundo Judicial

teresa peramato senado

Teresa Peramato defiende la legalidad de los nombramientos en la Fiscalía y apuesta por reforzar la confianza en la institución

TSJM-EP (2)

Comunicación, digitalización y protección del Poder Judicial, las grandes preocupaciones de los presidentes de los TSJ

Martínez Arrieta sustituye a Sánchez Melgar como magistrado del CNI

Andrés Martínez Arrieta asume el control judicial de las actividades del CNI

Isabel Perelló CGPJ EuropaPress

Perelló, ante las presiones a los jueces: «el respaldo de las urnas permite gobernar, pero no exime de responder ante el Derecho»

CGPJ

Dos asociaciones judiciales piden al CGPJ que paralice la licitación del nuevo servicio de “salud judicial” por falta de cobertura normativa