«Ha llegado el momento de tocar el despido». Con estas palabras, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, explicaba en el pasado mes de octubre cuáles eran sus planes de cara a los despidos en las empresas en España para esta recién inaugurada legislatura.
Un plan que se ha visto reforzado esta semana en el último Consejo de Ministros del año. Reunión en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su homóloga de Trabajo han sido las grandes protagonistas.
Encuentro que ha sido aprovechado por la formación de Yolanda Díaz para mantenerse firme en las medidas laborales que se encuentran actualmente en vigor.
Así pues, desde Sumar han destacado que la gran mayoría de las medidas laborales aprobadas en junio de 2023 estarán activas en los próximos meses.
Entre ellas, una de las más polémicas: la prohibición de despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Una medida que no ha tardado en conseguir críticas en redes sociales de muchos ciudadanos. Y es que parece que las dudas siguen acechando a esta realidad propuesta por la ministra de Trabajo.
«La prohibición de despido hará que muchas empresas quiebren. Y entonces nadie tendrá paro» ha lamentado un usuario en las redes sociales. Un miedo a la quiebra que parece ser una de las grandes preocupaciones de los trabajadores.
Del mismo modo, muchos se han planteado si es «legal» que se impida a un empresario despedir a sus trabajadores. Especialmente, ante el riesgo de quiebra.
Unas dudas que el abogado laboralista Fernando Vizcaíno de Sas ha resuelto para Confilegal.
No, no es ilegal prohibir el despido desde el Gobierno
«La prohibición de despedir, si está sometida a unas condiciones concretas, es válida» explica Vizcaíno de Sas a Confilegal.
Una afirmación que el abogado laboralista explica con dos ejemplos muy recientes en los que el departamento de Yolanda Díaz impuso esta prohibición a las empresas.
«Cuando se produjeron los ERTE, una de las condiciones para aprobarlos es que, en los seis meses después de que se terminaran, no se pudiera despedir», explica el letrado. «También se aprobó esta cuestión con las subvenciones y ayudas por la guerra de Ucrania. Tenían una cláusula que prohibía el despido«.
Unas condiciones que podrían mantenerse de cara a las próximas prohibiciones de despido que se gestionen desde el Gobierno. Y es que, para el abogado laboralista, que esto atañe a todas las empresas «que tengan ayudas públicas, es algo muy genérico». Eso sí, recalca que esta situación «ilegal, no es».
«Lo de menos es que no puedas despedir. Lo de más, es que si despides, tengas que devolver las ayudas que has recibido«, explica el abogado. Una cuestión que podría preocupar a muchas empresas. Y es que esta condición debe cumplirse, independientemente de las consecuencias económicas de la empresa en cuestión. Al menos, inicialmente.
Sin embargo, no parece que esta medida de Sumar con el PSOE sea una garantía de protección para el empleo, a pesar de que ésta sea su intención.
«Lo que quieren es que no despidas, es evidente. Otra cosa es que sea un sistema eficaz para conseguirlo» ha explicado el abogado. Y es que claro está que hecha la ley… hecha la trampa. Aunque sea a través de un decreto ley. «Había fórmulas que prohibían el despido hasta los seis meses. Así que si una empresa quería despedir a un trabajador, esperaba seis meses, y despedía a tres».
Una cuestión a la que se suma otra de las promesas de Yolanda Díaz, que aseguraba recientemente que se debe encarecer el despido. «Ya somos uno de los países más caros de la comunidad europea. Y eso no fomenta el empleo. Pero eso es la política» lamenta Vizcaíno de Sas.
