La Unión Europea tiene hoy recursos para preservar el Estado de Derecho que no tenía en 2017. asegura Adrián Vázquez. La imagen fue tomada en la Primera Cumbre de Derecho Europeo que organizó el ICAM el pasado mes de noviembre. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Adrián Vázquez, líder de C’s: “La Comisión Europea tiene recursos efectivos para hacer frente a una futura ley de amnistía”
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10/1/2024 00:45
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Actualizado: 10/1/2024 09:52
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Es el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y una de las “pesadillas” de países como Polonia, Hungría y Rumanía, que trataron de reventar las costuras del estado de derecho en la Unión Europea.
Adrián Vázquez Lázara, 41 años, eurodiputado y líder de Ciudadanos desde enero de 2023, se ha convertido también en uno de los enemigos más implacables contra la proposición de ley de amnistía, acordada por el Gobierno y Junts. Una contrapartida para obtener los votos de los separatistas catalanes que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
En esta entrevista Vázquez explica cómo eran antes las cosas en Bruselas para los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y cómo han cambiado tras los resultados electorales del 23 de julio pasado. En especial la perplejidad de buena parte de los miembros del Partido Socialista Europeo, que no entienden ese cambio de 180 grados del PSOE en su política. .
Vázquez, un hombre combativo y peleón, conocedor de los arcanos que rigen en el Parlamento Europeo, advierte que la pelea va a ser hasta el final. Y afirma que hay recursos para decarrilar este tren que lleva hoy por nombre proposición de ley de amnistía.
¿Por qué le llaman «lawfare» cuando quieren decir prevaricación?
Por utilizar el término que estaba en el acuerdo político entre el PSOE y Junts. .
Cuando se acusa a jueces del Supremo, a policías y guardias civiles a varios jueces del Supremo y no del Supremo de esa forma…
Es prevaricación. También es cierto que el “lawfare” cuando se ha utilizado internacional mente -sobre todo en países de Latinoamérica- ha sido con la intención de identificar jueces que han utilizado su posición para perseguir una agenda política.
El caso de Portugal también es bastante paradigmático.
La prevaricación puede ser también económica, de filias y fobias personales o incluso clasistas.
Cuando Myriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, comenzó a decir nombres, nos impactó a todos.
Lo que no ha sido sacado del libro de sesiones.
Y que la presidenta de la cámara, catalanoparlante, no dijera nada. ¿Es irregular, desde su punto de vista?
Es totalmente irregular. Pero también es cierto que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
Obviamente lo que busca Junts, con ese acuerdo político, y lo que va a hacer el PSOE tarde o temprano, es que este “lawfare” sea una cosa que realmente sea admitida por la opinión pública.
Porque ya no sólo es Nogueras.
El problema es que yo ahora ya estoy viendo a opinadores y medios de comunicación que están nombrando jueces.
Sin ir más lejos, el otro día Toni Bolaños, en un debate, me parece que fue en una tele, también dio nombres de jueces.
«La sensación que me da Pedro Sánchez es que una persona que se lanza muy rápido al ruedo, porque, la verdad, es que es audaz. Y luego construye la estrategia alrededor de esa audacia. Pero no se para a pensar en las consecuencias de esa audacia»
Algo totalmente irregular.
Completamente irregular. Lo que está haciendo el Partido Socialista es normalizando el señalamiento de policías, periodistas y jueces.
Esto es una barbaridad. Esto es el principio y el fin de cualquier democracia libre. El problema de esa «normalización» es que sabes cómo empieza, pero no como acaba.
Es como abrir un pequeño agujerito en una presa por donde empieza a salir agua. Piensas, bueno, en cualquier momento lo tapas. Pero es que ese agujero lo que hace es agrietar toda la presa, que acaba por romperse.
¿Cree que hay una acción concertada entre el PSOE y Junts de crear dudas en torno a los jueces?
Creo que lo que ha habido es un Pedro Sánchez completamente responsable que le ha dicho a su superministro Bolaños que todo lo necesario para llegar a un acuerdo sin entender las consecuencias.
La sensación que me da Pedro Sánchez es que una persona que se lanza muy rápido al ruedo, porque, la verdad, es que es audaz. Y luego construye la estrategia alrededor de esa audacia. Pero no se para a pensar en las consecuencias de esa audacia.
Lo que ha hecho ahora es abrir la puerta a que haya diputados en sede parlamentaria que señalan jueces.
Pero no sólo ha pasado en el Congreso de Diputados. También en el Parlamento Europeo.
El señor Toni Comín [eurodiputado de Junts junto con Carles Puigdemont, igualmente prófugo de la Justicia española] hizo lo mismo delante del comisario de Justicia, Didier Reynders.
¿Señaló a jueces españoles?
Sí, sí. Lo hizo delante de mí.
¿Y cómo encaja esto el Parlamento europeo?
Ahora somos el cuarto país en la historia de la Unión Europea cuyo ministro de Justicia ha sido llamado a consultas para explicar una ley [la proposición de ley de amnistía] que nadie entiende.
Un país al que la Comisión Europea le ha entregado un documento con muchísimas preguntas sobre dudas de la constitucionalidad europea o que encaje con los valores europeos y tratados de esta ley.
Una Comisión Europea que está a la espera de ver que se aprueba en el Congreso de los Diputados.
Esto no va a envejecer bien. Y va a llevar tiempo.
Hace unos días le escuché hablar sobre la percepción que el resto de los europarlamentarios tenían de Puigdemont y Comín. Decía usted que antes de las elecciones del 23 de julio pasado ninguno de los dos eran nadie.
Así es. Eran gente que no tenía ni grupo político. Nadie los quería. Allí tenemos una coalición de gobierno formada por socialistas, populares y liberales.
Desde el minuto uno de su llegada nosotros nos opusimos frontalmente a que se les diesen los derechos adjuntos al acta. Se los dio el entonces presidente socialista de la eurocámara, David Sassoli, contraviniendo las reglas del Parlamento.
No hay ningún otro diputado que tenga el acta en sus condiciones. Están de manera fraudulenta.
Esto intentó pararlo Iratxe García [presidenta de Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas].
Llevamos cuatro años explicando el golpe que Puigdemont, Comín y Ponsatí intentaron dar a la democracia española. Lo que ellos representan en términos de valores y corrupción.
Van en contra de lo que representa la Unión Europea. Nadie los quería. No tenían tiempos de palabra. No formaban parte de ningún grupo político. Estaban en la última fila.
Y, de repente, son no solo gente legítima para formar un gobierno, sino que, además, el propio Pedro Sánchez les mencionó en su intervención en el debate del Parlamento Europeo.
Nadie entiende lo que está pasando. Es una auténtica vergüenza y una anomalía democrática absoluta.
¿Cuál ha sido la posición del PSOE durante estos cuatro años en el europarlamento hacia ellos?
La misma que la nuestra. Estos tipos son fugados de la justicia española.
¿Y ahora, cómo se vende eso?
Pues no pueden. Por eso mismo el Partido Socialista Europeo cada vez tiene más ganas de saber lo que está pasando.
En el debate que tuvimos sobre el Estado de Derecho, consiguieron que tres socialistas salieran a hablar –tres socialistas que se han negado a volver a hacerlo en el debate de Pedro Sánchez–.
En el debate de Sánchez salieron dos y ninguno para defender el asunto de manera muy amplia.
Los socialistas, internamente, lo están pasando muy mal. Y en junio, cuando se la peguen en las elecciones europeas, el PSOE va a sufrir mucho en su grupo y en la familia socialista europea.
Ya está sufriendo. Yo ya me he encargado de hablar con todos los jefes de delegaciones socialistas, explicándoles lo que está pasando en España.
«Llevamos cuatro años explicando el golpe que Puigdemont, Comín y Ponsatí intentaron dar a la democracia española. Lo que ellos representan en términos de valores y corrupción. Van en contra de lo que representa la Unión Europea»
Es el presidente de la Internacional Socialista, no olvidemos eso.
Sí, pero eso le va a durar poco, se lo puedo asegurar. A no ser que esto descarrile y se de la vuelta.
El hecho de que las elecciones al Parlamento sean el 9 de junio próximo, ¿condiciona la respuesta de la Comisión Europea al problema español?
No condiciona. Yo siempre utilizo el ejemplo del caso rumano, de la amnistía. El golpe fuerte de la Comisión Europea fue en abril de 2019. Mes y medio antes de las elecciones europeas. Descarriló.
Lo que sí puede condicionar es que, entre junio y septiembre, que es momento de negociaciones –en octubre se cambiara la Comisión–, va a ser difícil mantener tan alta la tensión.
Para mí la clave también es el mes de abril, que es cuando esta ley pasará al Congreso de los Diputados. Entonces habrá que volver a hacer una ofensiva fuerte para que la Comisión empiece a decirle por aquí no puedes ir.
Ya estamos viendo a personas, como el portavoz de Esquerra Republicana, diciendo que lo de lo amnistía está bien, pero que los delitos de corrupción, no. Ellos ya empiezan a ver que aquí hay terreno resbaladizo.
Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí están reclamados por delitos de corrupción. La malversación es el delito rey de lo que se entiende por corrupción.
Incluso Podemos ya ha dicho que no votarían una ley en la que se amnistiaran delitos de corrupción.
Es muy grave. Porque la corrupción ya es legislación europea. Es la Directiva 2017/1371.
La corrupción tiene un coste anual, en la Unión Europea, de 120.000 millones de euros.
Es la primera pregunta que le han hecho. Y luego, hay otro elemento que yo entiendo que los jueces instructores de los casos que van a tener que amnistiar lo primero que van a decir es «oye, esto contraviene el derecho activo, exigente y vigente europea. Tendré que pedir una prejudicial al TJUE. ¿Qué pasa con esto?». Es un tema europeo.
La percepción que se tiene de España es que la Comisión Europea no da soluciones o, por lo menos, no da toques “especiales”
La gente en España muchas veces se lía. Piensan que la Comisión Europea puede entrar aquí y quitar a Pedro Sánchez de la Presidencia. Las cosas no funcionan así.
¿O un capón?
¿Más capón que preguntarle por carta qué había de cierto de la negociación con Junts cuando no existía la proposición de ley de amnistía? ¿Qué tener un conflicto abierto con el ministro de Justicia? ¿Qué llamarlo a consultas y presentarle preguntas varias sobre la posible inconstitucionalidad de ese futuro texto legal que podría contravenir los tratados europeos?
Hemos tenido ya un debate sobre el estado de derecho en la Unión Europea.
Sólo cuatro países en la historia de la UE han pasado por esto. Debates específicos sobre el Estado de Derecho: Rumanía, Polonia, Hungría y España.
Ninguno más.
También hay que recordar los que sucedió en la intervención de la Presidencia de turno del Consejo.
Ursula Von der Leyen está midiendo muy mal sus apoyos.
¿Quiere decir que se está jugando el futuro?
Se lo está jugando. Si el Partido Popular vuelve, después de las elecciones europeas, con una delegación muy importante, va a tener mucho que decir sobre la candidatura de Úrsula al frente de la Comisión Europea. No sé si está midiendo bien esos apoyos.
Los comisarios liberales están haciendo lo que tienen que hacer con el comisario de Justicia, Didier Reynders.
¿Cuál es su opinión sobre la gestión que está haciendo?
Es impecable.
La posición de Ciudadanos no ha cambiado sobre quién debe elegir a los 12 vocales jueces, de los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial, ¿verdad?
Desde que nacimos como partido hemos venido defendiendo que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ. Tanto en España como en Europa. Como se hace en el 90 % de los países.
Lo que defendemos es que lo desbloqueen a la vez. Y que a la vez se vote una renovación y una reformulación de cómo tienen que ser elegidos los vocales jueces. Es cierto que el PP ha girado. Está abierto a renovar y reformar y es un paso adelante.
El PSOE jamás se ha movido. Sigue defendiendo que sean el Congreso y el Senado los que elijan a esos 12 vocales jueces, como viene haciéndose desde 1985, porque en ambas cámaras reside la soberanía popular.
El señor Bolaños lo repite en público y en privado: Los jueces son todos conservadores y que mientras él esté ahí esto no va a cambiar porque el CGPJ es un arma más del ejecutivo.
Es la misma argumentación que hacían en tiempos de Felipe González. Esa idea fue la que inspiró la elaboración de la LOPJ de 1985, con la enmienda Bandrés. El Tribunal Constitucional, en 1986, validó dicha decisión. Por eso dejaron de elegir a sus 12 vocales los jueces y pasaron a ser elegidos por el Parlamento.
En 1986 la Unión Europea no tenía las competencias que tiene ahora sobre esto. Ahora las tiene. Y no solo eso. Es que tenemos dos precedentes de qué sucede en los países cuando no se hace. Y si no, miremos a Polonia.
El otro día usted y yo estuvimos en la jornada que organizó Foro Judicial Independiente sobre esta problemática. Usted como ponente y yo como periodista. Recuerdo que titulé el artículo como «Dos jueces polacos vinieron a Madrid «del futuro» y contaron lo que su Gobierno hizo con el Poder Judicial y la Fiscalía». ¿Puede ocurrir lo mismo en España?
Exactamente lo mismo. Hay una pequeña diferencia, que es importante. Cuando sucedió esto en Polonia, yo estaba en el Parlamento. He estado en Polonia muchas veces con los líderes de Nowoczesna y Polska 2050, que ahora van a entrar en el gobierno como una coalición de populares y liberales. Son compañeros desde hace diez años.
Te contaban cosas y tú decías, ¿cómo va a entrar en el gobierno el PiS [ultraconservador] y va controlar el poder judicial? Polonia es una democracia plena.
El PiS ganó las elecciones en diciembre de 2016 y en junio de 2017 ya estaban reventando la separación de poderes. Seis meses después.
Y ahí empieza la pelea.
Es cierto que era la primera vez que pasaba. Y no había herramientas viables para condicionar, o motivar, un cambio opinión al gobierno autoritario del PiS.
Han tenido que realizar un gran recorrido. Sólo se ha podido revertir cuando han perdido las elecciones.
Las recientes elecciones.
Pero también es cierto que, en esos dos años, de travesía en el desierto, de 2017 a 2019, en la que ha habido muchas resoluciones, piense que sobre Polonia se han producido 13 debates en el Parlamento Europeo y 9 resoluciones.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, al primer ministro polaco del PiS le dije que o cambiaban o se les iba a cortar los fondos, como, por cierto, sucedió.
Desde entonces la Comisión ha entendido su papel y es más valiente a la hora de tomar decisiones. Ya lo ha hecho con Hungría y con Polonia.
En Bruselas y en la Unión Europea hay ya un entendimiento absoluto de que no se puede procastinar con esto, porque al final es mucho peor.
Lo que se ha hecho muy bien, sobre todo con nosotros liderando en el Parlamento Europeo –también coordinados con el Partido Popular– es reaccionar de manera inmediata.
Y aquí, antes de que haya ley, al igual que la sociedad civil, España ha reaccionado.
Si esto, al final, sigue yendo en esta deriva, la reacción va a ser mucho contundente.
¿Estamos hablando en términos monetarios?
Ya sabe cómo es el procedimiento. Primero es mostrar preocupación. Me preocupa lo que está pasando en España, por favor venga usted y explíquenos.
Segundo es preguntar que existen dudas. Las dos cosas ya han sucedido.
Tercero, cuando haya una ley vigente, cuando haya algo efectivo, vamos a ver hacia donde nos lleva la presión de la sociedad civil.
Ya lo estamos viendo. Y lo más importante –esto es lo realmente hizo que la Comisión girase en el caso polaco–, si hay un choque institucional de verdadera gravedad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Que también está sucediendo.
Este choque institucional va a ir a más en cuanto haya magistrados haciendo presión para aplicar una ley que ellos consideran anticonstitucional o en contra de los tratados europeos. Esto lo vamos a ver en abril y mayo.
Cuando eso suceda ahí la Comisión va a tener que tomar una decisión. La Comisión Europea tiene recursos efectivos para hacer frente a una futura ley de amnistía, como el mecanismo de condicionalidad para garantizar la protección del presupuesto y los intereses financieros de la UE contra las violaciones de los principios del Estado de derecho.
«Yo no digo que hoy estemos como Polonia o Hungría. Lo que digo es que estamos en el mismo punto que estaba Polonia en mayo de 2017. Ahora es decisión del señor Sánchez si quiere seguir por ese camino o no»
¿Usted ve factible que una comisión parlamentaria española comience a llamar a jueces para que les expliquen sus sentencias o sus instrucciones? La catedrática Araceli Mangas, en aquel acto de FJI, dijo con claridad que los jueces españoles son jueces europeos y que si consideran que esa futura ley de amnistía es inconstitucional y contra el derecho de la Unión tienen el poder de no aplicarla.
Y no sólo no aplicarla, sino que en el proyecto de ley se cargan la posibilidad de que los jueces puedan aclarar su situación ante el Constitucional para tener que aplicar una ley, lo que es una barbaridad. Pero no se han atrevido a hacerlo con la prejudicial. Es decir, que si van a TJUE la cautelar se mantiene.
Yo no digo que hoy estemos como Polonia o Hungría. Lo que digo es que estamos en el mismo punto que estaba Polonia en mayo de 2017. Ahora es decisión del señor Sánchez si quiere seguir por ese camino o no.
¿Qué previsiones tiene Ciudadanos de cara a las elecciones de junio de 2024?
Nosotros, de momento, estamos concentrados en descarrilar esta ley. Lo que yo creo es que es una cosa notoria, que sabe la opinión pública, es que menos mal que hemos estado ahí está legislatura.
Mis compañeros y yo, Mayte Pagazartundúa, Jordi Cañas, Eva María Poptcheva, estamos dando la batalla. Nuestra principal prioridad, como partido, en una situación muy complicada, una marca muy quemada, es que lo que representa el espacio liberal, con nuestra propia idiosincrasia, siga representado a partir de junio.
Creo que estos últimos meses se ha visto más que nunca la necesidad que se tiene de que España está representada por los liberales en el Parlamento Europeo. Y no solo en Bruselas. También en Cataluña. Porque la siguiente batalla va a ser esa.
Creo que, de una vez por toda, los constitucionalistas y los que respetamos los valores europeos tenemos que ir todos junto para intentar gobernar ahí.
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