La ley de Patrimonio Natural sanciona con hasta 200.000 euros fiestas como la del volcán en Fuerteventura: es espacio protegido 
Un grupo decidió subir al volcán Calderón Hondo de La Oliva, situado en Fuerteventura con altavoces, una dj alemana y bebida para montar una fiesta. Foto de redes sociales.

La ley de Patrimonio Natural sanciona con hasta 200.000 euros fiestas como la del volcán en Fuerteventura: es espacio protegido 

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11/1/2024 06:32
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Actualizado: 10/1/2024 17:51
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Las fiestas ilegales, también llamadas ‘raves’, suelen ser algo habitual en estas épocas del año donde, tras la celebración de nochevieja, los jóvenes se concentran durante días sin descanso para continuar con la juerga. 

El año pasado se celebró en La Peza, Granada y este año, en Fuente Álamo, en Murcia. 

Sin embargo, hace escasos días, un grupo decidió subir al volcán Calderón Hondo de La Oliva, situado en Fuerteventura con altavoces, una dj alemana llamada Nina Hepburn para pinchar música electrónica, según Onda Fuerteventura, y bebida. 

Ello causó una gran indignación en redes sociales al ser un espacio natural protegido calificado como suelo rústico, según el Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales de Fuerteventura. 

Este tipo de fiestas además son ilegales porque los organizadores del evento no comunican a las autoridades la intención de llevar a cabo el evento, tal y como así lo solicita la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio reguladora del derecho de reunión.

Se deben tener en cuenta diversas consideraciones para sancionar por estas fiestas

Ahora bien, según explica Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, en el caso de las raves en espacios protegidos hay que tener en cuenta diversas consideraciones. 

En primer lugar, señala que el artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar del medioambiente pero respetando y conservando el espacio. 

También hay que tener en cuenta el artículo 80.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sobre Infracciones administrativas. En él se regula la alteración de las condiciones de un espacio natural protegido y los impactos paisajísticos.

Pero si a eso se le suma que en ese espacio existen especies de flora o fauna en peligro de extinción o en régimen de protección especial no catalogadas, el apartado 2 del citado artículo 80 relata que esas infracciones se calificarían como graves. La multa abarca desde los 3.001 a los 200.000 euros.

Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados.

También de forma penal: de 1 a 4 años

Y “si las infracciones pudieran ser constitutivas también de delito, el procedimiento administrativo se paraliza en favor del proceso penal, de modo que, si finalmente existe sentencia condenatoria y concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento, por el principio de non bis in idem no se podría sancionar administrativamente”, destaca Benítez Ostos.

En el ámbito penal, los delitos contra el medio ambiente se regulan en los artículos 325 y siguientes del Código Penal.

Concretamente el 330 dispone que, “quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”

A ello hay que sumarle la contaminación acústica al utilizarse potentes altavoces que emiten música por encima de los límites establecidos, recuerda el experto en contencioso-administrativo. Se castiga con multas que pueden ir desde los 600€ a los 300.000€.

¿Quién es el responsable?

Tal y como explica el letrado, el artículo 79.4 de la citada ley de Patrimonio Natural relata que cuando no se pueda determinar el grado de participación de las personas que han intervenido en la infracción, la responsabilidad es solidaria.

Por tanto, en principio, ha de tratarse de identificar al presunto organizador, por un lado, pero también a los distintos intervinientes en la realización de la infracción.

Un trabajo que le corresponde al Ayuntamiento y que tendrá que colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente con la Guardia Civil a través del SEPRONA.

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