Administrativando Abogados, boutique de derecho administrativo y contencioso–administrativo a nivel nacional, ha sido contratada por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) para el asesoramiento y defensa continua de sus intereses y la de sus asociados frente a la Administración General del Estado.
Fedeca, presidida desde septiembre de 2024 por Ana Ercoreca de la Cruz (Inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social), comprende a 46 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera de las más variadas profesiones (abogacía del estado, inspección de hacienda, de trabajo, carrera diplomática, economistas, ingenieros, arquitectos, médicos, todas Grupo A1).
Líneas del asesoramiento
Administrativando Abogados, se ocupará de la defensa y promoción de los intereses de Fedeca, así como de las personas (individuales y colectivas) afiliadas a las asociaciones o sindicatos que forman parte de misma, estando integrada aproximadamente por 15.000 profesionales.
Ello tanto en fase consultiva, en sede administrativa como ante los tribunales de justicia de la jurisdicción contencioso–administrativa en la totalidad de instancias.
Para Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, “es un orgullo poder asistir jurídicamente a los principales cuerpos funcionariales de élite de nuestro país, frente a los abusos e irregularidades de la Administración, así como de los posibles atropellos del poder ejecutivo y legislativo, contribuyendo conjuntamente a que nuestras instituciones sean más eficaces y se respete en todo momento la Constitución y nuestro Estado de Derecho”.
Asimismo, añade el Letrado, “este asesoramiento e intervención jurídica se produce en un momento clave en el que es más necesario que nunca defender los principios de igualdad, mérito y capacidad que están siendo mermados constantemente, así como la defensa de una Administración accesible al ciudadano que garantice en todo momento con objetividad y sin injerencias políticas el interés general”.
Este nuevo asesoramiento encaja con el perfil de cliente que defiende la boutique: empresas cotizadas, multinacionales, grandes colectivos de afectados por actuaciones administrativas, algunos de los principales grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados u organizaciones de máximo reconocimiento como el de la Asociación de las víctimas de Angrois o la del reciente accidente ferroviarios de Adamuz, entre otros perfiles de máximo nivel.
Recientes reivindicaciones de FEDECA
En los últimos años, Fedeca ha concentrado su acción reivindicativa en la defensa de una Administración pública basada en los principios constitucionales de mérito, capacidad, objetividad e independencia, así como en la mejora de las condiciones de ejercicio de la función pública en el ámbito de la Administración General del Estado.
Entre sus principales líneas de actuación destacan:
La defensa del mérito, la capacidad y la profesionalización del empleo público, como ejes esenciales del acceso y la promoción en la función pública, rechazando cualquier debilitamiento de los estándares de exigencia en los procesos selectivos o de provisión de puestos.
Han llevado a cabo, el impulso de la regulación del directivo público profesional, mediante la aprobación de un estatuto específico que delimite claramente las funciones directivas y evite el nombramiento discrecional en puestos de alta responsabilidad, garantizando criterios técnicos y evaluables en su designación y permanencia.
Igualmente, han rechazado abiertamente las prácticas que puedan comprometer la independencia de la función pública, especialmente aquellas orientadas a la homogeneización de cuerpos o la desnaturalización de escalas y subgrupos, cuando ello suponga una pérdida de especialización o una alteración de los principios de acceso.
Han realizado un llamamiento a la integridad y la lucha contra la corrupción, promoviendo activamente el uso de los canales de denuncia existentes por parte de los empleados públicos y la protección efectiva de los informantes frente a posibles represalias.
Además han denunciado la sobrecarga estructural de trabajo en la Administración General del Estado, derivada de la asunción creciente de nuevas funciones sin la correspondiente planificación de recursos humanos, y reclamando una correcta adecuación de plantillas.
Por último y, entre otras medidas, han reivindicado una actualización de las condiciones retributivas, que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y garantizar unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas.
