La Fiscalía ha solicitado que el magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, declare como investigado por un posible delito de incitación a la discriminación y al odio en relación a supuestas publicaciones del magistrado en redes sociales que fueron objeto de denuncia por parte del abogado de Juana Rivas, a la que este juez condenó por sustracción de menores.
El Ministerio Fiscal ha pedido la declaración del magistrado como investigado después de que la Audiencia de Granada decidiera a finales de octubre reactivar el caso, revocando la decisión del Juzgado de Instrucción de no admitir la denuncia del abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, y acordando en su lugar la incoación de diligencias previas para que se investigara el asunto.
En un escrito remitido esta semana al Juzgado de Instrucción número 8 de Granada el fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, solicita que el juez declare como investigado; así como una batería de diligencias de investigación para acreditar, entre otros extremos, los contenidos de las presuntas publicaciones en redes sociales, las cuales también fueron denunciadas por otros colectivos ante las Secciones de Delitos de Odio de las Fiscalías de Málaga, Cádiz y Granada.
EL MINISTERIO FISCAL SOLICITA LA PRÓRROGA DE SEIS MESES DE LA INSTRUCCIÓN
Ello ha dado lugar a múltiples procedimientos y el fiscal ha interesado que se acumulen las tres diligencias abiertas para llevar una sola causa. Además de que se prorrogue seis meses el plazo de instrucción para poder practicar todas las pruebas.
Tras revisar el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, la Audiencia de Granada sostuvo que algunas de ellas contienen «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos), los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos«.
Por ello, estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía y revocó la decisión del juez instructor de archivar el asunto para que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer, no sólo la realidad de las «publicaciones» que se atribuyen al magistrado Piñar y su contenido; sino sobre todo su autoría y la trascendencia o proyección que hubieran podido tener.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado verano el archivo del expediente que se le abrió al magistrado Piñar por este asunto.
Concretamente, se analizó si los mensajes publicados en su perfil de Facebook suponían una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, o una falta grave de falta de consideración respecto de los ciudadanos, extremos que fueron descartados por el órgano de gobierno de los jueces.
