Opinión | La fuerza de la ley y las instituciones contra la violencia: el caso de Ecuador

La crisis de seguridad pública que está sufriendo Ecuador nos duele a todos. La declaración de “conflicto armado interno” por el presidente Daniel Noboa nos recuerda que la presencia de la criminalidad en América Latina no se ha solucionado, sino que solamente se ha desplazado de un país a otro.

El crimen organizado continúa operando de manera trasnacional, cruzando las fronteras entre Estados y modificando su comportamiento en función de diversos estímulos.

En los últimos años, la ruta de la droga ha modificado su itinerario, operando desde nuevos territorios en detrimento de las rutas más tradicionales.

Una de las lecciones que podemos extraer de la experiencia en la lucha contra la criminalidad organizada, es la necesidad de contar con instituciones fuertes y profesionalizadas en donde las políticas de persecución penal del delito no estén sujetas a vaivenes políticos, sino que respondan a criterios de eficacia en la persecución de aquellos delitos que más afectan a la sociedad.

Un claro indicador de la penetración del crimen organizado en la sociedad en general, y en las instituciones en particular, lo encontramos cuando los centros penitenciarios se conviertan en espacios controlados por las organizaciones criminales.

Para que las políticas públicas destinadas a combatir la criminalidad surtan efectos, se requieren diagnósticos elaborados en base a evidencia, estrategias sostenidas en el tiempo por parte de las instituciones y una articulación entre todos los actores que tienen a cargo la prevención o el control punitivo de la criminalidad.

ECUADOR PRESCINDIÓ DE SU MINISTERIO DE JUSTICIA

En esta coyuntura, no es un dato menor que Ecuador haya prescindido de su Ministerio de Justicia en el año 2018, lo que ha generado cierto vacío institucional.

Los Ministerios de Justicia cumplen el rol de posicionar la agenda de Justicia en el debate público, la cual en muchas ocasiones está relacionada con la persecución del crimen organizado.

La agenda de seguridad está íntimamente ligada con la agenda de Justicia o la agenda de los sistemas penitenciarios. Solamente a través de un esfuerzo concertado entre las instituciones con estas competencias se lograrán resultados positivos en la reducción de la criminalidad.

No es posible pensar en una salida al problema de la criminalidad sin generar estrategias de deshacinamiento que permitan que los centros penitenciarios no sean focos de criminalidad donde operan libremente las bandas sino espacios que se destinen a la reinserción social.

Tampoco es realista obtener resultados en el control del crimen sin mecanismos adecuados de coordinación interinstitucional entre las fiscalías, tribunales, policías e instituciones penitenciarias; o sin contar con políticas públicas de acceso a la Justicia, para que aquellos conflictos de menor intensidad que se producen en el ámbito vecinal no escalen y se transformen en hechos delictivos.

Eso sí, las instituciones deben actualizar las respuestas que ofrecen contra la criminalidad para obtener mejores resultados.

«Solamente entregando respuestas contundentes y en el marco de la legalidad lograremos legitimar nuestras las instituciones y ganar la batalla territorial y cultural contra el narcotráfico y el crimen»

Desde la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos), venimos promoviendo a través del Tratado de Medellín que la cooperación jurídica internacional se produzca a través de medios tecnológicos eficientes y seguros, sobre todo para aquellos casos que afecten a la criminalidad compleja.

El crimen organizado ha tomado la delantera en la internacionalización de su actuar y no es posible que las instituciones democráticas no actúen de forma mancomunada, persiguiendo a estas organizaciones más allá de sus fronteras.

En definitiva, los Ministerios de Justicia desempeñan un rol virtuoso y necesario ante las crisis de seguridad pública. Ante contextos de endurecimiento de penas y reforzamiento de las políticas de seguridad pública, los Ministerios de Justicia juegan un papel clave en la preservación de los valores esenciales del sistema democrático.

La angustiante situación de la seguridad puede llevar a los países a tomar medidas desesperadas que en algunos casos pueden erosionar la esfera básica de garantías constitucionales de la ciudadanía y la independencia de las instituciones autónomas.

En estos contextos, nunca debemos olvidar que por mucho terreno que hayan ganado las organizaciones criminales, la fuerza de las instituciones es precisamente su legitimidad y el apego a la ley que guía su actuar.

Solamente entregando respuestas contundentes y en el marco de la legalidad lograremos legitimar nuestras las instituciones y ganar la batalla territorial y cultural contra el narcotráfico y el crimen. Cuanta más efectividad demuestren nuestras instituciones, menos espacio dejaremos para la impunidad y la desesperación entre nuestros pueblos.

[1] Por Enrique Gil Botero, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.