Las empresas tecnológicas son la clave para combatir la alarmante proliferación de pornografía en Internet, a la que acceden niños y adolescentes con toda facilidad, según el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, uno de los “jueces tecnólogos” y pensadores de mayor reconocimiento en nuestro país.
A su juicio, dichas empresas deben participar activamente en esta guerra que el Gobierno ha declarado a la ciberdelincuencia sexual con el fin de preservar la inocencia infantil y prevenir futuros problemas de salud mental asociados a una sexualidad distorsionada.
Velasco ha hecho hoy estas estas declaraciones en el marco de su conferencia titulada ‘Límites en la investigación de delitos sexuales con IA entre menores’, que ha formado parte de un seminario sobre de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, en el que ha tomado parte.
Durante su intervención, el magistrado se refirió a algunas técnicas avanzadas en la lucha contra estos crímenes, incluyendo el ‘hashing’ o rastreo en internet, y el uso de clasificadores automáticos para detectar patrones en videos y fotografías.
Estas tecnologías, potenciadas por la Inteligencia Artificial, reducen significativamente el tiempo necesario para análisis policiales.
Velasco ha subrayado, de un modo singular, la preocupación latente en el Parlamento Europeo, especialmente de países como Alemania y Austria, sobre el rastreo masivo y su impacto en derechos fundamentales como la privacidad.
Consideran que supone una “monitorización sistemática de las telecomunicaciones que puede afectar a los derechos fundamentales”, específicamente la intimidad, la privacidad, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos.
A su juicio es necesario que exista una legislación europea unificada para utilizar estas tecnologías de forma eficiente y eficaz; ha advertido, por último, que la falta de una normativa adecuada podría debilitar significativamente la lucha contra estos delitos.
En ese mismo espacio ha intervenido Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la Criminalidad informática, quien ha reconocido el gran valor de la tecnología en las investigaciones, pero ha advertido sobre su naturaleza invasiva y el riesgo de violar derechos fundamentales.
Tejada ha hecho especial hincapié sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la eficacia investigativa y el respeto a las libertades personales.
En el marco de este evento, asimismo, se ha debatido sobre el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, conocido por sus siglas en inglés, NCMEC, una entidad estadounidense que colabora con 140 operadoras de telecomunicaciones para monitorizar la circulación de la pornografía infantil en redes.
LA POLÉMICA DE LA INJERENCIA DEL GOBIERNO, TAMBIÉN PRESENTE
Por otra parte, Velasco no ha eludido la polémica nacida de las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre la instrucción que su compañero, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está llevando a cabo sobre “Tsunami Democràtic” y su supuesta relación con el terrorismo.
Ha sido después de su conferencia, en declaraciones a los medios. Velasco, que fue titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ahora ocupa su compañero García Castellón, ha defendido que «hay que dejar trabajar a los jueces, sobre todo si tienen pruebas».
Y ha añadido: «Hay que leerse las resoluciones judiciales antes de meter a los jueces en campaña», para equiparar a continuación los jueces a los médicos.
Hay que dejarles operar y ver después si han curado o no el cáncer.
El viernes, Ribera reprochó al juez que instruye ‘Tsunami Democràtic’ (causa en la que está investigado por presunto terrorismo el expresidente de la Generalitat y prófugo Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huida a Suiza) su «querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles» como el actual, cuando se está tramitando la ley de amnistía, con Puigdemont como uno de los beneficiados.
El mismo viernes, tres de las cuatro asociaciones de jueces salieron en apoyo a García Castellón, lo mismo que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que negó que el magistrado haya actuado con «una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía».
