La Asociación El Defensor del Paciente acaba de publicar su Memoria 2023 con unos datos que continúan siendo alarmantes a pesar de que han recibido un descenso significativo con respecto a 2022: 12.071 casos de reclamaciones de presuntas negligencias médicas, 1.540 menos que en el año anterior.
De todas ellas, 602 se han saldado con resultado de muerte.
En la mayoría de ocasiones dichas negligencias se han producido por la tardanza en el diagnóstico debido a las listas de espera, en cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología, odontología y maxilofacial, ambulancias, oncología, oftalmología y cardiología.
Desde la asociación que preside Carmen Flores han comentado que la situación de la sanidad pública española “está peor de lo que pensamos pese a contar con los mejores profesionales. Desde la pandemia arrastra vergüenzas sanitarias y, en muchos aspectos, no se está haciendo medicina de calidad”.
Para ellos, no cabe duda de que el gran obstáculo del sistema sanitario es su financiación, incluso han recordado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó un informe llamado “Health at a Glance 2023” y situó a España en el puesto 26 de 34.
Además, en la actualidad, la media de tiempo para ser atendido en Atención Primaria es de 8,5 días, según datos obtenidos de La Segunda Oleada del Barómetro Sanitario de 2023, un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Al igual que las listas de espera, a las que califican de “inhumanas, insoportables y desorbitadas” al tardar más de tres meses para una primera consulta con un médico especialista”. En 2023 había 819.964 pacientes en esta situación.
Todo ello sumado ante la “alarmante falta de profesionales sanitarios” en medicina familiar y comunitaria, pediatría, anestesiología, radiología, reumatología, psiquiatría o cirugía general.
Casos de negligencias por comunidades autónomas
La Comunidad más denunciada fue Madrid, con 3.118 casos, de los cuales, 151 tuvieron resultado de muerte. Algunas de las reclamaciones corresponden al Hospital 12 de Octubre; al Gregorio Marañón; Clínico San Carlos; La Paz y el Ramón y Cajal.
En segundo lugar se encuentra Andalucía, con 2.289 casos, de los cuales, 102 fallecieron.
Los hospitales más denunciados fueron el Virgen del Rocío; Virgen de la Victoria; Virgen de la Macarena; Universitario de Málaga y el Regional Reina Sofía.
En tercer lugar, Cataluña, con 1.406 y 68 muertes. Destacan el Vall d’Hebron; Bellvitge; Clínico de Barcelona, Germans Trias i Pujol de Badalona y Sant Joan de Déus.
Posteriormente, le siguen la Comunidad de Valencia (846 y 46 muertes); Castilla y León (714 y 35 muertes); Galicia (651 y 41 muertes); Castilla La Mancha (638 y 33 fallecidos); País Vasco (410 casos y 29 muertes); Murcia (403 y 30 fallecidos); Aragón (331 con 15 muertes); Canarias (275 y 15 fallecimientos); Extremadura (274 y 14 muertes); Asturias (202 con 8 fallecidos); Cantabria (200 con 7 resultados de defunción); Baleares (167 y 5 muertes); Navarra (87 y 2 fallecidos); La Rioja (49 y 1 fallecido); Ceuta y Melilla (11).
«La Justicia está en coma inducido»
Desde la Asociación también han destacado que este 2023 la Justicia ha estado colapsada a todos los niveles por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, «que se saldó con meses de paralización, y una subida de sueldo, que amén de aliviar la finanza de los operadores jurídicos, no arreglan la frustración de lo mismo, ante la imagen desoladora de unas estanterías atestadas de expedientes que no se tramitan porque no hay medios».
«Nunca, como en este ejercicio 2023, desde El Defensor del Paciente hemos tenido que asistir a tantas sustituciones procesales, por pacientes a los que la mala praxis médica les restó supervivencia y fallecieron sin ver el final del pleito, y lo que es peor, sin poder cobrar a tiempo esa indemnización que les hubiera aliviado, y/o mejorado su calidad de vida, teniendo que ser su familia directa la que los sustituya».
Hacen especial mención a la jurisdicción contenciosa-administrativa con procedimientos muy obsoletos que claman una reforma donde haya igualdad de armas procesales.
«La Justicia está en coma inducido porque queremos, pese a todo, confiar en que pronto se pueda despertar al enfermo y convertirlo en un ente eficiente, rápido y curado. Mientras eso no ocurra, en El Defensor del Paciente seguiremos luchando desde la experiencia, profesionalidad e independencia por el ciudadano más vulnerable que puede existir: el paciente sobre el que se vulneró la lex artis», han concluido.
