La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Almería, Carmen Ocaña Anaya, ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a pagar 200.000 euros a los familiares de una anciana de 74 años que falleció en la sala de urgencias del Hospital Torrecárdenas al no ser atendida a pesar de que en triaje fue clasificada como persona de “riesgo vital” nivel 2.
Es decir, que según el protocolo, la asistencia no puede retrasare más de 15 minutos. Estuvo casi dos horas esperando.
Sin embargo, según describe la sentencia 251/2023 de 13 de diciembre, el médico de guardia no se dio cuenta de dicha asignación de carácter urgente en el dispositivo informático y nunca la examinó.
Trasladada a urgencias en estado comatoso
La mujer fue trasladada el 2 de abril de 2019 en ambulancia desde el centro residencial en el que estaba ingresada al hospital con un cuadro de fiebre. Tenía insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno de 85%, somnolencia, estupor y sin responder a estímulos. Estaba en estado comatoso.
Pero falleció en la sala de espera mientras esperaba a ser atendida sin que ningún profesional se percatara de ello. Fue su hija la que se dio cuenta de que su madre no respiraba. La autopsia reveló que sufrió un edema agudo de pulmón.
El director Médico del Hospital emitió un informe en el que explicó que, en el momento de los hechos, la presión arterial de la mujer “era enorme” y que los pacientes que ingresaron esa mañana en urgencias fueron de 108. A ello añadió que ese día también hubo errores técnicos.
Además, la aseguradora también intentó culpar al marido -no cualificado médicamente- de no avisar de que su mujer estaba teniendo un edema agudo de pulmón o que no respiraba. Pero la jueza manifestó que ello era absurdo e incluso “casi amoral” al fallecer una paciente en la sala de espera de urgencias de un hospital.
Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, ha denunciado enérgicamente la forma de proceder del SAS y su aseguradora, quienes se financian con los impuestos de los ciudadanos para prestar un servicio a estos, y no para pleitear contra ellos con argumentos insultantes y amorales, y que no han hecho más que aumentar gratuitamente el dolor de la familia y gastar recursos públicos inútilmente.
Por todo ello Flores exige al director del SAS que abra una investigación que depure responsabilidades en su servicio jurídico, pues no todo vale, y ante un caso tan palmario de mala praxis lo que procede es, primero, pedir perdón a la familia, y, en segundo lugar, atender su justa reclamación sin obligarla a acudir al juzgado.
El pleito ha sido llevado por el letrado Ignacio Martínez, especialista en Derecho sanitario adscrito a la ‘El Defensor del Paciente’.
