La tercera asociación de fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, decidido por el Gobierno.
La APIF argumenta dos razones principales para haber dado este paso: la anulación, por parte del Supremo, del nombramiento de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de lo Militar, propuesto por García Ortiz, que devino en una condena por desviación de poder, por una parte.
Y, por otra, su decisión de privar al Consejo Fiscal de emitir un dictamen sobre la proposición de ley de amnistía, tal como solicito el Senado.
Ambas razones reafirman su decisión de impugnar su nombramiento de forma urgente.
Esta asociación considera, además, que el hecho de haber sido condenado por el Supremo por desviación de poder como autoridad ha dejado de ser jurista de reconocido prestigio, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29 y, por lo tanto, «el nombramiento no es conforme a ley».
El Ministerio Fiscal, subraya la APIF, es una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial.
«No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. Precisamente por las actuaciones que ha llevado a cabo y que hemos señalado, el Sr. García Ortíz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el FGE, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España«, afirma.
La impugnación del nombramiento se ha producido en forma de recurso contencioso-administrativo contra el decreto de 27 de diciembre de 2023 (Real Decreto 1182/2023) por el que el Gobierno designó a García Ortiz fiscal general del Estado.
La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria, ha pedido públicamente la dimisión de García Ortiz por las mismas razones.
