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Opinión | Hoy no, mañana…, señor fiscal general del Estado
Los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales dirigen esta columna colectiva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta de los últimos acontecimientos que han puesto a la institución en una luz que no es positiva. Foto: Confilegal.
08/2/2024 06:32
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Actualizado: 08/2/2024 10:38
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“Hemos perdido un tesoro institucional, la credibilidad. Es tan importante esto para nosotros que en cualquier juicio o disputa jurídica en cualquier rincón de España se nos va a reprochar nuestra vinculación al Ejecutivo, nuestra dependencia política, en cualquier aspiración profesional o asociativa, se nos va a adscribir a intereses partidistas, y más allá, se va a tratar de deslegitimar nuestra función procesal y constitucional en cuanto se oponga a algún poderoso interés concreto. Nos convertimos en un colectivo vulnerable, en lugar de un colectivo blindado ante influencias de todo tipo. Vulnerable profesional y personalmente. La fortaleza de la institución es también la garantía de nuestra tranquilidad y seguridad personal.
“Solo a los delincuentes, a los corruptos, a los mafiosos, a los defraudadores, a los terroristas, a los que atentan contra el Estado de derecho les interesa una fiscalía débil y cuestionada.
“Que un presunto mafioso, delincuente, terrorista, grupo, organización, prefiera a un fiscal frente a otro, que entre estos grupos se maniobre para poner o quitar a determinados profesionales, que su cercanía al poder haga que estas maniobras puedan tener credibilidad, provoca escalofríos”
Las anteriores palabras forman parte de un artículo que bajo el título “Credibilidad y Escalofríos” se publicó en El País el 28 de abril de 2017. Lo firmaba Álvaro García Ortiz como Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
Desde aquella fecha a esta parte algún cambio se ha producido. Quizás el más notable, por ostensible, es que el señor García Ortiz es Fiscal General del Estado después de haber sido Jefe de la Secretaría Técnica.
Forma, pues, parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado desde marzo de 2020, y por ello es protagonista de un período ominoso en el que la enfermedad entonces diagnosticada, la pérdida de credibilidad, y su sintomatología, los escalofríos, se han ido agudizando dando lugar a una cronificación que ha llevado a la Institución a una honda ciénaga de la que estamos a punto de tocar fondo.
La identificación de la FGE como apéndice del Ejecutivo ha alcanzado tal grado de intensidad que la reacción normal en la opinión pública es no esperar respuesta alguna por parte de nuestra Institución cuando se debate sobre cuestiones jurídicas que los agentes políticos han trufado de ideología y de intereses partidistas.
De esta manera, mientras es válida y procedente la opinión jurídica de cualquier persona, para el FGE resulta inadmisible de todo punto la opinión, jurídica también, de un jurista.
A nadie llama la atención tal anomalía porque la afición del FGE por driblar debates necesarios y oportunos ha quedado constatada, que no justificada bajo la apariencia de mantener la neutralidad por resultar evidente la plena aquiescencia de este con los postulados que desde cualquier tribuna o atril se defienden por los representantes públicos que sostienen al actual Gobierno.
«LAWFARE»
Si por escrito suscrito por dos partidos políticos se consigna la existencia de supuestos de “lawfare” en España y por algunos de sus militantes se llama prevaricadores a jueces y magistrados, designándolos por sus nombres y apellidos, abundando en el insulto cuando no en la amenaza y en la coacción, al FGE no le parece necesario rechazar de manera contundente lo primero y abominar de lo segundo.
Considera suficiente manifiesta(r) de manera inequívoca su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones (declaración hecha en reunión del Consejo Fiscal celebrada el 20/12/2023).
La confusión conceptual no es menor, la perturbación solo es una de las consecuencias de la asunción de existencia de “lawfare”, pero poco importa porque así evita pronunciamientos que pudieran resultar incómodos al Gobierno y de paso deja para otro momento la defensa de la independencia judicial, de la autonomía del Ministerio Fiscal y de la separación de poderes: para cuando un concreto fiscal pudiera (o pudiese, esto es, pretérito imperfecto de subjuntivo expresivo de oraciones condicionales imaginarias o improbables) verse perturbado.
Hoy no, mañana…
Si por los vocales del Consejo Fiscal en la forma legalmente prevenida se le insta a un debate sobre la Proposición de Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en el seno de ese órgano, o el Presidente del Senado interesa del Consejo Fiscal un informe sobre la citada Proposición de Ley, el FGE entiende que hacer tal cosa ahora compromete la neutralidad del Ministerio Fiscal dado que sus miembros tendrán que informar en numerosos procedimientos una vez que la ley entre en vigor (carta remitida por el FGE al Excelentísimo Presidente del Senado el 25/1/2024).
EJERCER PRESIÓN SOBRE FISCALES PARA CONFLUIR CON LOS INTERESES DEL GOBIERNO
Nuevamente confundido o confundiendo términos y obligaciones, son innumerables los anteproyectos de ley que se informan por el Consejo Fiscal antes de ser ley publicada y vigente precisamente porque los fiscales están llamados a su aplicación y es obligación estatutaria la impuesta al Ministerio Fiscal de prestar colaboración a las Cortes Generales a requerimiento de estas (artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), solo encuentra camino en un aplazamiento que aleje a la Fiscalía General del Estado del riesgo de emitir un parecer discrepante con los postulados de los autores la norma.
Hoy no, mañana…
Si por la Junta de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo se entiende de manera abrumadoramente mayoritaria, y además coincidente con el primer informe del fiscal asignado para dictaminar el asunto, que procede la investigación por el Tribunal Supremo en atención a la Exposición Razonada hecha por el Juez Instructor, entonces el FGE se parapeta tras la dignidad y la profesionalidad de todos y cada uno de los fiscales (entrevista del FGE publicada el 7/2/2024 en ElDiario.es) para rechazar que haya ejercido presión alguna.
Si es la dignidad y profesionalidad de los fiscales lo que imposibilita que el FGE ejerza presión sobre alguno de ellos para confluir con los intereses del Gobierno, después del recordatorio que en tal sentido se le hizo desde la sala de prensa de Moncloa, es que ha renunciado a defender la independencia en su actuación, especialmente respecto del Ejecutivo, que la credibilidad que reclamaba ahora la contempla como un ornamento prescindible y que al calor de la condición de FGE sus escalofríos han remitido y es incapaz de percibir que el Ministerio Fiscal tiembla.
Si en estos años ha confundido o extraviado tantas cosas, dimita Sr. García Ortíz.
Mañana no, hoy.
Porque solo a los delincuentes, a los corruptos, a los mafiosos, a los defraudadores, a los terroristas, a los que atentan contra el Estado de derecho les interesa una fiscalía débil y cuestionada.
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