La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha anunciado este domingo que promoverá la creación de una comisión de investigación en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, para que se aclare si la «inacción» del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz ha facilitado el «asesinato» de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, fallecidos al ser embestidos por una narcolancha el pasado viernes por la tarde en el puerto de Barbate cuando participaban en una operación contra el tráfico de drogas.
Así lo han manifestado el portavoz de Jucil, Agustín Leal, y el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño, en el marco de la misa funeral celebrada en la catedral de Cádiz en memoria del agente Miguel Ángel González Gómez, natural de San Fernando y miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.
El Consejo Ejecutivo Nacional de Jucil, según han dicho, se reunirá esta semana para elaborar «un informe» sobre los hechos, para trasladarlo a todos los grupos del Congreso con la petición de que se investigue el caso en la Comisión de Interior, para esclarecer «si existen responsabilidades políticas que hayan facilitado lo ocurrido».
Especialmente, los representantes de Jucil han criticado el reciente desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), cuyo trabajo estaba haciendo «retroceder» a los clanes de la droga, según han destacado.
Así, han reclamado que se investigue sobre los recursos disponibles para la lucha contra el narcotráfico en Cádiz, exponiendo que los agentes fallecidos navegaban en una zodiac de apenas cinco metros de eslora, porque en el momento de la intervención, «las seis patrulleras del Servicio Marítimo» de las que dispone la Guardia Civil en Cádiz «estaban averiadas».
Tal extremo, según han manifestado, refleja la «falta de acción» del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión han reclamado junto con la del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al entender que «a todas luces», no están destinando «los recursos necesarios» para combatir al narcotráfico en Cádiz. «Llevamos dos años avisando», han dicho los miembros de Jucil.
Según han alertado, tras el «cierre» de la unidad OCON-Sur, cuyos efectivos siguen trabajando según el Gobierno desde otros grupos policiales, el narcotráfico «ha repuntado de forma salvaje» en Cádiz, con la actividad de «clanes muy organizados, prácticamente al estilo de un cártel», actuando con tanta violencia que «se corre el peligro de perder el estado de derecho» en la costa gaditana». «El principio de autoridad está totalmente perdido en la calle y la responsabilidad es del ministro y de Pedro Sánchez«, han avisado.
