Opinión | Legislar en caliente: una forma de actuar irreflexiva y primaria

El lamentable suceso ocurrido el pasado fin de semana en el puerto de Barbate, que se saldó con el asesinato de dos guardias civiles, a cargo de unos presuntos narcotraficantes -ya en prisión-, ha dado lugar a lógicas reacciones de los propios compañeros de los fallecidos, así como representantes sindicales de las Fuerzas de Seguridad, reclamando todos más medios para poder realizar el difícil trabajo de hacer frente a los que se dedican al triste negocio ilícito del tráfico de drogas, y en inferioridad de condiciones respecto a éstos.

Este lunes, el presidente del PP, el señor Núñez Feijóo, en medio de la conmoción general por este hecho, hizo unas manifestaciones en Barbate, reclamando dotaciones necesarias para policías y guardias civiles y declaración de zona de “especial singularidad” para el Campo de Gibraltar, con las que muestro mi apoyo total.

En cambio, totalmente disconforme cuando se refirió a que propondrá que “la Audiencia Nacional asuma sumarios de casos especialmente graves relacionados con la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico en municipios gaditanos, para lo que se planteará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Y que “En la Audiencia tienen medios y recursos para enfrentarse a estos casos. Están acostumbrados a trabajar con casos de terrorismo, de delincuencia organizada… Y en este caso entendemos que los sumarios especialmente graves deberían trasladarse”.

Mi desacuerdo con tal cuestión, radica -con sumo respeto a dicha propuesta-, en el hecho de que, ya la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 65.1.d) recoge, entre las competencias de la Audiencia Nacional, la instrucción y enjuiciamiento del “tráfico de drogas, siempre que sean cometidos por bandas organizadas y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias”.

La propuesta de ampliación de competencias a la Audiencia Nacional, en el sentido que se expone por el señor Feijóo, realizada quizás con su mejor voluntad y tras la ocurrencia de unos hechos execrables, es un error, desde mi punto de vista.

Y es que cada vez que se produce un hecho luctuoso que provoca conmoción social, la primera reacción de quienes tienen responsabilidad política, es proponer una reforma legal como solución.

DEBE SER ABSOLUTAMENTE RECHAZADA COMO MÉTODO DE LEGISLAR

Sin ser descartable a priori la reforma, proponerla en caliente y bajo los efectos emocionales del hecho, constituye una forma de actuar irreflexiva y primaria que, aunque comprensible entre los afectados, debe ser absolutamente rechazada como método de legislar.

Lo ocurrido en Barbate, demanda justicia, y debe hacerse a través de las leyes en vigor en el momento de la comisión del hecho delictivo.

Se trata de dos delitos de asesinato, cuya pena oscilará entre los 15 y los 25 años.

Pero es que, además, con las palabras del señor Feijóo, la norma no encajaría en la Constitución, ya que se ha referido a asuntos de gravedad relacionados con el narcotráfico, en la provincia de Cádiz. D

Discriminación absoluta, ya que, el resto de territorios con esos mismos asuntos –Galicia, por ejemplo-, serían enjuiciados por los jueces del lugar en que se cometieron, como es norma general contemplada en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cierto es que los medios con los que cuenta la Audiencia Nacional no son los mismos –ni por asomo- que los que poseen los Juzgados de la provincia de Cádiz y otras ciudades andaluzas.

«No es motivo para restar competencia a los juzgados y tribunales de la zona, sino para pedir en el Parlamento, los medios necesarios para que se pueda impartir Justicia en una zona olvidada, como lo es el Campo de Gibraltar»

Constantemente, se están pidiendo por parte de jueces, medios a los distintos Gobiernos para poder desarrollar su labor judicial dignamente, cuando no es misión de éstos, sino de los distintos Gobiernos Autonómicos.

Pero ello no es motivo para restar competencia a los juzgados y tribunales de la zona, sino para pedir en el Parlamento, los medios necesarios para que se pueda impartir Justicia en una zona olvidada, como lo es el Campo de Gibraltar.

Ha de acercarse la justicia al ciudadano, no alejarla.

Y es de resaltar por último, que, de salir adelante cuanto se propone, se privaría a los ciudadanos del lugar de comisión del delito, de un derecho fundamental y es el de la publicidad del juicio oral.

Reconocido en nuestra Constitución,permite que cualquier ciudadano acuda a un juicio oral, interesado en conocer lo que ocurrió en determinado momento en su lugar de residencia; privarles de ese derecho, y trasladar el asunto a 700 kilómetros, impediría el ejercicio de ese derecho.

Desde mi opinión, como jurista, entiendo que, se trata de palabras pronunciadas en un momento de condena de lo sucedido, pero no debe tener mayor trascendencia el anuncio del proyecto.

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