La inhabilitadal procurador tuvo su origen en una sanción impuesta por la Junta de Gobierno del ICPV por el impago de las cuotas que le correspondía abonar. Foto: ICPV.
El procurador Javier Fraile Mena informa a los bufetes con los que trabaja que ha sido inhabilitado durante 6 meses
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27/2/2024 06:32
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Actualizado: 16/3/2024 09:34
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Jaime Fraile Mena, procurador colegiado en Madrid y en Valencia, ha dirigido un escrito a los despachos de abogados con los que trabaja informando que ha sido inhabilitado para ejercer su profesión por un periodo de seis meses a contar desde el 1 de febrero pasado. Hasta el 31 de julio.
Aunque no lo dice, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formada por los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente, Eduardo Calvo Rojas, María del Pilar Teso Gamella, Francisco José Navarro Sanchís y Fernando Román García, inadmitió el recurso de casación que, en su nombre, interpuso el abogado Enrique Herrera, imponiéndole, además, 2.000 euros en costas.
La providencia tiene fecha del pasado 22 de noviembre.
Previamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), compuesto por los magistrados María Azucena Recio González, presidente, José Antonio Parada López y Antonio Martínez Quintanar, en su sentencia número 126/2023, de 14 de marzo, revocó en apelación y en su totalidad el fallo de la primera instancia, que se había inclinado por el planteamiento de Fraile Mena.
El TSXG ratificó la sanción disciplinaria impuesta por la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Vigo (ICPVI), que tuvo su origen en el impago de las cuotas variables que le correspondían abonar a Fraile Mena por los servicios que le prestó ese Colegio.
El castigo del ICPVI le fue comunicado el 20 de febrero de 2020.
Lo que Fraile Mena contestó ante los tribunales con este resultado, cuatro años más tarde: la inhabilitación definitiva durante seis meses.
LA VERSIÓN DE FRAILE MENA
Según explica el procurador sancionado en su comunicación –representa a más de 100,000 clientes–, «La inhabilitación viene como consecuencia del impago de una cuota SERCYN (pago por uso de Lexnet) de 888 euros, deuda discutida en la jurisdicción civil a día de hoy frente al Ilustre Colegio de Procuradores de Vigo. Esa supuesta deuda puede dar lugar a dejar sin trabajo a una persona durante 6 meses. Dicha sanción de inhabilitación no fue recurrida en la vía administrativa por un error humano sufrido en el confinamiento del covid 19 ( de marzo a mayo 2020). No obstante, están solicitadas por varias vías revisión de la sanción con medidas cautelares de suspensión de la sanción de las cuales os iremos informando».
Añade: «En aras de causar los menores perjuicios posibles al normal funcionamiento de la administración de justicia así como al cliente, pongo de manifiesto que en todos los procedimientos voy a ser sustituido por el procurador D. Jose Antonio Julían Ortín, colegiado número 2889 ICPM trabajador del despacho Fraile Mena servicios jurídicos SL».
«Adjunto remito la escritura de subapoderamiento procesal, ejercitando la facultad de sustitución entre profesionales, para que pueda ser notificado si es oportuno. No obstante, se presentarán los escritos de sustitución en cada procedimiento», señala,
Una vez que termine los seis meses de inhabilitación, el 1 de agosto, volverá a personarse en todos ellos, informa.
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