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Opinión | Al fiscal general del Estado solo le cabe dimitir
Pere Lluis Huguet ha sido vicepresidente del CGAE, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Abogados de Reus. Actualmente es diputado por el PP. La foto fue tomada en el Club Siglo XXI cuando acababa de ser decano. Foto: Confilegal.
16/3/2024 06:30
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Actualizado: 16/3/2024 00:07
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Las incongruencias de nuestro Gobierno llegan a límites insospechados, y la colonización de las instituciones para uso partidista a niveles nunca vistos.
Acabamos de ser testigos de cómo la Fiscalía vulnera uno de los elementos esenciales que configuran el derecho a la defensa, el secreto profesional. Recordemos que sin derecho a la defensa no hay justicia, no hay democracia.
Mientras, el Gobierno nos presenta a bombo y platillo, nuevamente en el Congreso, la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, a su vez filtra los contactos de un abogado con la Fiscalía, vulnerando lo que resulta esencial en un estado de derecho como elemento imprescindible del ejercicio del derecho a la defensa, el secreto profesional del abogado.
Parece que la izquierda de nuestro país nunca ha tenido claro lo esencial que resulta para el derecho a la defensa el secreto profesional.
Ya le costó la condena y la inhabilitación como juez a Baltasar Garzón, actual pareja de la exministra de Justicia, exFiscal General del Estado y exfiscal de sala del Tribunal Supremo, Dolores Delgado.
Recordemos que la condena fue por intervenir las conversaciones abogado-cliente, vulnerando así el secreto profesional del abogado.
Y ahora somos testigos de otro episodio en el que la Fiscalía de Madrid filtra los correos electrónicos entre fiscal y abogado, en la negociación de una posible conformidad.
Filtración que se produce en el ámbito del debate político, con el único objetivo de favorecer al gobierno de Sánchez en su tesis de la presunta corrupción de la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña.
La gravedad de estos hechos son de un alcance extraordinario.
«El Supremo, en la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado, ya vio desviación de poder, ahora vemos utilización espuria de su poder»
Si la Fiscalía es capaz de difundir el correo de un abogado, ¿qué abogado va a mantener comunicación con la Fiscalía, en las miles de conformidades que se negocian a diario?
¿Es que no tienen límite para poner las instituciones al servicio de Pedro Sánchez?
¿Es que nos vamos a cargar nuestro estado de derecho y nuestra democracia solo para mantener a Pedro Sánchez?
LA FUTURA ASUNCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN POR LOS FISCALES, EN ENTREDICHO
En definitiva, la Fiscalía se suma a la larga lista de instituciones colonizadas por el Sanchismo, con el único fin de ponerlas a su servicio.
Lo ocurrido nos lleva a cuestionar otro de los proyectos que tiene el Ministerio de Justicia: la atribución de la instrucción penal a la Fiscalía.
¿Se imaginan, en la situación actual, que la instrucción de las causas penales esté en manos de un Fiscal General atado al poder político?
Sin una reforma integral de nuestro Ministerio Fiscal resulta imposible que existan garantías de independencia en la instrucción, sin dotarlo de un nuevo estatuto que lo aleje del poder político convertiremos la justicia penal en el brazo ejecutor de quien ostenta el poder político.
El mejor favor que podría hacer el Fiscal General a su profesión, a sus compañeros y a la democracia española, es dimitir.
El Supremo, en la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado, ya vio desviación de poder, ahora vemos utilización espuria de su poder.
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