La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que preside el español Adrián Vázquez, ha aprobado hoy un proyecto de ley, acordado con los gobiernos de la UE, donde exige a las empresas mitigar su impacto negativo en los derechos humanos y el medio ambiente.
Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptaron las nuevas reglas de «diligencia debida» con 20 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones, las nuevas reglas de «diligencia debida».
Ello, obliga a las empresas a aliviar el impacto adverso de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente, incluyendo la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
El requisito de prevenir, terminar o mitigar sus efectos negativos también concierne a los socios comerciales de las empresas que trabajan en diseño, fabricación, transporte y suministro, y a los socios aguas abajo, incluidos aquellos que se ocupan de distribución, transporte y almacenamiento.
Alcance y plan de transición: empresas con más de 1000 empleados
Las reglas se aplicarán a empresas de la UE y no UE, y a empresas matrices con más de 1000 empleados y con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros, y a franquicias con un volumen de negocios de más de 80 millones de euros si al menos 22.5 millones se generaron por regalías.
Las empresas también tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos, y adoptar y poner en práctica un plan de transición que haga su modelo de negocio compatible con el límite de calentamiento global de 1.5°C bajo el Acuerdo de París.
El plan de transición deberá incluir los objetivos climáticos de la empresa a corto plazo, las acciones clave sobre cómo alcanzarlos y una explicación, incluidas cifras, de qué inversiones son necesarias para implementar el plan.
Multas de hasta el 5% del volumen de negocios
Las empresas serán responsables si no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que compensar completamente a sus víctimas. También tendrán que adoptar mecanismos de quejas y relacionarse con individuos y comunidades afectadas adversamente por sus acciones.
Los estados miembros designarán una autoridad supervisora encargada de monitorear, investigar e imponer sanciones a las empresas que no cumplan. Estas pueden incluir multas de hasta el 5% del volumen de negocios neto mundial de las empresas.
Se requerirá que las empresas extranjeras designen a su representante autorizado basado en el estado miembro en el que operan, quien comunicará con las autoridades supervisoras sobre el cumplimiento de la diligencia debida en su nombre.
Igualmente, la Comisión establecerá la Red Europea de Autoridades Supervisoras para apoyar la cooperación entre los organismos supervisores.
Una vez aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y los estados miembros, la directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
