El Ministerio de Justicia está haciendo un importante esfuerzo, especialmente económico, por acabar con el papel en los juzgados. Una digitalización de la Justicia que no siempre está resultando ser eficaz. Y que ha llevado a un abogado a presentar más de una queja ante los principales órganos administrativos de Madrid.
«La discusión histórica con los funcionarios suele ser el derecho a hacernos copias simples de los autos que hay en el juzgado».
Así explica el abogado Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados, algunos de los problemas a los que se enfrentan los abogados en la administración de Justicia.
Sin embargo, otro ha sido el motivo por el que el abogado ha acabado presentando una queja ante el ICAM y el CGAE. En concreto, la digitalización de la Justicia, que ha llegado hasta el Juzgado de lo Social nº3 de Madrid.
«Fui a consultar un procedimiento a la Secretaría del Juzgado», explica el abogado. Y, para su aparente suerte, la funcionaria tenía dicho documento en la mano. Sin embargo, para su sorpresa, no iba a resultarle sencillo el acceso al expediente.
«Me dijo que no me dejaba tener acceso al expediente. Por protección de datos», destaca asombrado el abogado para Confilegal. Una explicación ante la que el letrado aseguraba que el derecho a esta consulta era superior a la protección de datos. Sin embargo, el expediente en papel no le fue concedido.
Tampoco por la secretaria judicial que, sin embargo, esgrimía otro argumento. «Ahora trabajamos con el expediente electrónico», le explicó a Palomar Ruiz, quien decidió grabar la situación ante las posibles consecuencias de este suceso.
La digitalización no excluye la posibilidad de la Justicia en papel
«Es cierto que, recientemente, el Real Decreto 6/2023 moderniza la administración, y en especial la Justicia», reconoce el letrado. «Sin embargo, los derechos que te ofrece este Real Decreto son adicionales, no sustitutivos».
Así pues, defiende Ignacio Palomar Ruiz la importancia del acceso a estos autos y expedientes, también en formato papel. «El artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo deja claro. La oficina judicial facilitará a los interesados cuanta información necesite», explica.
Una situación ante la que el abogado considera que la actitud de los trabajadores del juzgado se puede considerar un auténtico «atropello».
Negativa a proporcionar la información requerida en papel ante la que el abogado explica a Confilegal los cuatro modos de actuación que se pueden llevar a cabo. Y es que, según Palomar Ruiz, esta situación puede llegar a ser entendida como un delito de prevaricación.
El primero, es acudir al área de defensa de la abogacía del ICAM. «Hay un modelo de queja y denuncia. Yo lo he llevado a cabo, y me llamaron enseguida», explica el abogado.
También el letrado llevó a cabo una queja formal ante el Ministerio de Justicia, ante el que explicó la «actitud déspota y contraria a derecho» de la trabajadora del juzgado madrileño.
Del mismo modo, el abogado también expone que se puede comunicar este tipo de actuaciones ante el CGPJ. Y, por último, presentar una querella por un presunto delito de prevaricación. «El derecho a consultar esos autos es básico. Y esa negación arbitraria puede ser sensible de un delito de prevaricación, porque está actuando en contra de la ley», asegura.
