Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante. Foto: EP
Un asesor jurídico acepta 18 meses de cárcel por apropiarse de 277.000 euros de un proyecto europeo
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17/4/2024 11:38
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Actualizado: 17/4/2024 11:38
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El administrador de una empresa dedicada al asesoramiento jurídico, juzgado en la Audiencia de Alicante por un delito contra la Hacienda Pública, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y blanqueo de capitales, ha asumido este martes una pena de un año y medio de prisión, más otros seis meses de arresto sustitutorio, por apropiarse de 277.000 euros procedentes de un proyecto comunitario que debía derivar a una empresa turca.
El encausado ha asumido la autoría de los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, después de que se haya aplicado circunstancias modificativas de su responsabilidad penal como la concurrencia de dilaciones indebidas, ya que los hechos objeto de juicio tuvieron lugar en 2012, según publica el diario «Información».
Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado una pena mucho más severa para el acusado, exigiendo hasta seis años de prisión.
La acusación se basaba en el abuso de la posición del acusado como intermediario financiero del pago entre el coordinador del proyecto, una empresa turca, y las sociedades beneficiarias para apropiarse del dinero.
Acuerdo de conformidad
En concreto, sostenía que la mercantil del encausado no respetó las obligaciones de pago contraídas, y que se quedó con 277.000 euros que había recibido y debía abonar a una firma griega por los servicios que ésta había prestado.
En la causa también estaba acusada la hija del procesado, para la que la Fiscalía pedía tres años de cárcel por un delito de blanqueo. No obstante, esa petición también se ha reducido a solo tres meses de prisión, a través del acuerdo de conformidad alcanzado en el inicio del juicio.
Eso sí, en su caso, la pena incluye además la imposición de una multa de 14.000 euros, después de que se haya aplicado las atenuantes del reconocimiento de los hechos y de reparación del daño.
De hecho, días atrás, la acusada había consignado la cantidad de 30.000 euros en el juzgado para atender las potenciales responsabilidades civiles.
Gracias a este acuerdo, la procesada elude el ingreso en prisión. No obstante, su padre y principal encausado sí deberá ingresar en un centro penitenciario para cumplir la condena al no haberse abordado la suspensión de la pena, toda vez que no había cubierto la cantidad económica defraudada.
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