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Opinión | Cuotas y peritos, dignidad y mercado

Opinión | Cuotas y peritos, dignidad y mercado
Albino Escribano, decano del Colegio de Abogados de Allbacete y presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española, llama la atención sobre las prácticas de algunos peritos que no solo cobran por sus informes sino que también perciben dinero por lo obtenido por el cliente en vía judicial o por transacción extrajudicial. Foto: A.E.
20/5/2024 06:30
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Actualizado: 29/5/2024 13:46
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Hace ya años que está superada la cuestión de la posibilidad de fijar los honorarios de los profesionales de la Abogacía conforme a un porcentaje de lo obtenido por el cliente en el proceso (cuota litis).

El Estatuto General de 2001, en su artículo 44, así como el artículo 16 del Código Deontológico de 2000, prohibían dicha práctica. Se justificaba la prohibición en la necesidad de evitar que el abogado se hiciese socio de su cliente en el objeto del pleito, así como en que el pacto suponía perseguir intereses comunes que podría plantear una vulneración del deber de independencia, de verdad o, incluso, incurrir en conflicto de intereses, ya que el abogado podía confundir sus propios intereses con los de su cliente.

El Tribunal Supremo en sentencia de 4 de noviembre de 2008 vino a declarar nula la prohibición al entender que suponía una decisión colectiva para establecer honorarios mínimos de los abogados, impidiendo que los precios se fijen libremente mediante negociación entre abogado y cliente.

Queda claro el principio de libre fijación de honorarios para los profesionales de la Abogacía, lo que no excluye, por otra parte, la posible existencia de pactos sobre el particular de carácter abusivo como resulta de la regulación general en materia de consumidores y pone de relieve el Real Decreto-ley 6/2023 en la modificación del artículo 35 Ley de Enjuiciamiento Civil relativo a la jura de cuentas.

Esta cuestión parece bastante clara y puede considerarse superada.

Pero no sólo los profesionales de la Abogacía perciben honorarios derivados de una intervención en los procedimientos judiciales. Existen otros colectivos respecto de los cuales, hay que reconocer que es difícil, pasan de puntillas los órganos de defensa de los mercados y la competencia.

ELEVACIÓN Y UNIFICACIÓN DE HORARIOS DE LOS PERITOS

Y en base a la experiencia práctica, es necesario llamar la atención sobre ciertas prácticas en relación con los peritos que intervienen en los procedimientos judiciales y sus honorarios. Especialmente en las reclamaciones de indemnización por daños personales.

Por una parte, la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, vino a afectar de forma negativa a los perjudicados a la hora de reclamar los daños y perjuicios sufridos por lesiones, al limitar la generalizada intervención de los médicos forenses que fijaban en sus informes la sanidad del perjudicado.

Lo harían bien  o mal, pero sin duda con objetividad.

Ello provoca la necesidad de recurrir a peritos que emitan informe a fin de efectuar las reclamaciones pertinentes. Y surge así una apreciación que parece común entre los profesionales: la elevación y unificación de honorarios de peritos que parece evidenciar cierto acuerdo previo.

Es complicada la prueba de esos pactos, pero no puede entenderse de otro modo, aparte de las confidencias recibidas de aquellos que no están de acuerdo con esa práctica.

Todo esto, en las localidades pequeñas, aparte de un clamor, puede llevar a hacer difícil el acceso de un ciudadano a obtener los medios para su defensa. Quizá eso sea el puro mercado o, igual, no interesa a las autoridades de la competencia su vigilancia.

Aparte de lo anterior, se puede percibir otra tendencia que presenta mayor peligro y abuso. Quizá la exposición que sigue sirva como apercibimiento y, ojalá, como obstáculo para su proliferación.

Solicitado un presupuesto al perito, o grupo de peritos (si, también actúan unos en unión de otros), a fin de que emita informe sobre las lesiones de un cliente o la corrección de la praxis médica seguida en su tratamiento, el presupuesto solicitado se remite desglosado, como es habitual, en honorarios por informe de viabilidad, honorarios por informe para aportar a juicio y honorarios por asistencia para su ratificación.

COBRAN TAMBIÉN DE LO PERCIBIDO POR LA PARTE

Pero no queda así la cosa.

Además de lo anterior se indica por algunos: “En caso de estimarse las pretensiones, el perito percibirá una cantidad adicional correspondiente a un 5 % de lo percibido por el cliente tanto en vía judicial como por acuerdo o transacción extrajudicial”.

Esto es algo sustancialmente distinto a la cuestión de la cuota litis por los profesionales de la Abogacía. Los letrados son, por definición, parciales y defienden el interés del cliente con base en una discrepancia o razón jurídica.

Lo de los peritos es otra cosa. Un perito, al emitir su informe, debe manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tanto en lo que favorezca como en lo que perjudique a las partes.

Una cosa es que cobre honorarios por su informe, por su ciencia, y otra que su actuación sea conforme a las condiciones o principios indicados si, además, es participe del resultado del pleito en términos porcentuales.

Parece difícil que pueda afirmar que no tiene interés directo o indirecto en el pleito o que esta circunstancia no les haga desmerecer en el concepto profesional en el cual comparecen. La sana crítica del Juzgador en su valoración seguro que se podría ver condicionada por la participación económica del perito en el resultado del proceso.

Y no solo eso, deben manifestar que conocen las sanciones penales en que podrían incurrir si incumplieren su deber como perito.

Y parece que estas tendencias no están muy alejadas del falso testimonio (459 y 460 CP), para lo que bastan reticencias, inexactitudes o callarse lo que no interesa a su premio porcentual.

Y, aparte de lo anterior, y a lo que vamos, dichas conductas son igualmente imputables a quienes lo presentaran en juicio a sabiendas.

Y más allá del aspecto penal, los profesionales de la Abogacía deben atender a su Código Deontológico, el cual, exige la defensa íntegra de los intereses del cliente con la obligación de rechazar cualquier intervención de otros profesionales que pueda resultar contraria a los principios de confianza o integridad.

Y además la obligación de actuar con buena fe y sin desviarse del fin de la Justicia al que la profesión se haya vinculada.

La integridad de la defensa y de los defensores exige sustancia y contenido. Hay quien considera que para ganar todo vale, pero quizá es necesario afirmar que, en una sociedad que se considera sujeta al derecho como garantía de la convivencia, sólo es legítimo ganar dentro de las reglas.

No todo vale, siempre que lo que esté en disputa sea la dignidad de la profesión. Y la dignidad y el mercado, cuyo fin último es el lucro, no siempre están en sintonía.

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