Demostrar que una lesión es consecuencia de una vacuna no es un proceso nada sencillo. Implica un largo camino de estudio por parte del abogado. Pues una enfermedad no suele estar relacionada con una inyección. Por ejemplo, un trombo se puede dar por un sinfín de causas como puede ser una arritmia.
No obstante, ha habido casos en los que sí se han demostrado las secuelas de una vacuna. A mediados de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó una sentencia en la que confirmó que la Administración tenía que pagar 40.000 euros a una mujer.
Se logró probar que el trombo que sufrió fue consecuencia de la vacuna Janssen contra el coronavirus. Ello aplicando el principio de solidaridad. Tuvo que ser operada tres veces y estuvo un total de 526 días para alcanzar la estabilidad clínica.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también resolvió un caso de este calibre en 2012. Un menor fue vacunado de triple vírica y acabó con una discapacidad del 92%.
Desarrolló una encefalopatía con tetraparesia espástica con trastorno de deglución, hipertonía axial con distonías ocasionales, hipertonía en flexión de extremidades superiores y en extensión de extremidades inferiores, con discreta hiperreflexia patelar bilateral. Le indemnizaron con 470.000 euros porque los padres no recibieron la información de los riesgos.
Carlos Sardinero, abogado experto en derecho sanitario y colaborador de El Defensor del Paciente ha explicado a Confilegal cómo se estudian estos casos a la hora de preparar una demanda.
Ha detallado que lo primero es tener muy claro que se puede demostrar que la lesión o secuela es resultado de un efecto adverso de la vacuna. Y no de otra cosa.
Un análisis detallado del historial clínico
Para ello, hay que bucear en la historia clínica, comprobar el tipo de vacuna, hacer un rastro de la ficha técnica y sus modificaciones. También, conocer si han existido alertas sanitarias por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que hayan advertido sobre determinados efectos no informados en la ficha.
Por otro lado, el letrado también considera clave estudiar los artículos publicados en revistas de impacto. Ello para averiguar si existen trabajos de investigación que hablen sobre casos similares. Todo ello apoyado, a su vez, de un perito médico especialista en la materia.
«Y, desde luego, informaremos al cliente de las posibilidades reales del caso». Para Sardinero es muy importante no generar falsas expectativas por medio de una información en la que incluyen los riesgos y alternativas jurídicas.
También se analizan aspectos como la autoría, por acción u omisión, la infracción de la lex artis, selección adecuada de la persona, física o jurídica a la que nos proponemos demandar, la jurisdicción, el daño, la relación de causalidad entre la conducta que reprochamos y el resultado dañoso la imputación».
En su despacho, Sardinero Abogados, ya han logrado ganar casos así. Como el fallecimiento de un joven tras recibir la vacuna AstraZeneca, cuyo supuesto fue publicado y analizado en un artículo al que tuvieron acceso durante la preparación de la demanda.
«Pudimos comprobar y demostrar el diagnóstico de trombocitopenia inmune protrombótica inducida por vacuna (VIPIT) con la positividad de los anticuerpos antifactor plaquetario 4 (anti-FP4), utilizando la técnica de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)».
No recomienda las demandas colectivas
Preguntado por si conoce la existencia de una demanda colectiva, el letrado ha respondido que no. Además, las desaconseja enérgicamente. Cree que aunque tengan como punto en común, que es la vacuna, merecen una valoración justa e individual de cada caso.
Pues cada uno es diferente en edad, número y tipo de vacuna, antecedentes clínicos, sintomatología, tratamiento aplicado o incluso protocolos aplicables.
Por otro lado, ha relatado que en España no existen mecanismos para compensar a las personas que sufren efectos adversos graves por las vacunas, sino todo lo contrario.
«Estamos ante una Administración pública -tanto Estatal como autonómicas- que prefieren mirar para otro lado con el pretexto de que es el paciente quien tiene la obligación de soportar el daño, de manera que la única posibilidad pasa por dirigirse a un buen abogado especialista en Derecho Sanitario».
