El abogado penalista, Luis Romero, representante de los padres del soldado Carlos León Rico, de 24 años, fallecido el 21 de diciembre en la laguna de Cerro Muriano, Córdoba, no considera lógico que el teniente Jaime Tato Garrido, investigado en la causa en la que también murió el cabo Miguel Ángel Jiménez, de 34 años, siga «ejerciendo su mando» en dicho recinto castrense, «teniendo bajo sus órdenes a muchos militares testigos» de los hechos.
En la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil declararon más de 40 los soldados, testigos declarantes en la causa. Testigos que tendrán que declarar ante el juez instructor militar.
Por ello, Romero considera que no es razonable que el teniente Tato Garrido siga al mando del primer batallón de la Tercera Compañía en Cerro Muriano. «Según nos informan, podrían estar bajo su mando algunos de esos soldados», subraya.
«Nos preguntamos cuándo será cesado por el Ministerio de Defensa y/o el Tribunal Militar dicho militar investigado, que al menos indiciariamente es responsable junto al capitán [Ignacio Zúñiga Morillas] de las dos muertes de los dos militares además de aplicar el castigo de introducir en la mochila la mina simulada de 3.5 kilos», afirma en un comunicado.
El capitán Zúñiga Morillas fue cesado de sus funciones «pendiente de destino», por el Ministerio de Defensa.
No así el teniente Tato Garrido.
EL JUZGADO TOGADO MILITAR COARTA LOS DERECHOS DE LA DEFENSA
Romero critica, asimismo, que la causa siga instruyéndose por la jurisdicción militar. «Debería estar integrada en la ordinaria pues en un Estado de Derecho de una democracia plena algunos abogados sentimos que ejercemos con menos libertad ante los jueces militares».
Una afirmación que hace por su falta de acuerdo con la decisión del Juzgado Togado Militar Central, que ha asumido la competencia, al decidir que «no hace falta que estemos presentes los abogados de la acusación en los interrogatorios, como si de un procedimiento penal predemocrático se tratase», después de que el dicho órgano militar no haya querido aplazar las declaraciones previstas para el próximo 27 de junio al tener uno de los abogados del caso otro juicio.
«Nos hemos quejado tanto los tres abogados de la acusación como el abogado defensor del sargento de la multitud de declaraciones en tan corto espacio de tiempo pues si partimos de las tres horas de media invertida en cada declaración cuando solo preguntaban en dichos interrogatorios el juez, la fiscal y tres abogados defensores, tras acogerse los imputados a su derecho para no declarar a los abogados acusadores, ahora resulta que somos 12 interrogadores: siete abogados defensores, tres acusadores, el fiscal y el juez».
Y añade: «Aunque mantuviésemos las tres horas de media, serían el primer día 15 declaraciones para las que necesitaríamos 45 horas. Como el día tiene 24 horas, aunque no comiésemos, durmiésemos ni fuésemos al baño ninguno de los comparecientes, tendríamos que invertir en estos actos procesales dos jornadas completas».
El letrado también ha mostrado su disconformidad a que en tres jornadas, del 25 al 27 de junio, se hayan citado a declarar a 42 personas entre testigos y peritos. En su opinión, «esta anomalía fruto del deficiente cálculo del tribunal militar central hará que el martes tengan quizás lugar solo tres o cuatro declaraciones debiendo posponer las demás».
Porque «de ninguna forma pensamos que el magistrado tenga pensado recortarnos los interrogatorios, respetando así el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías».
