Este jueves, ocho de agosto, Carles Puigdemont volvía a Barcelona, para dar un «mitin» político coincidiendo con la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. Una «visita» del exmandatario independentista en la que se esperaba que Puigdemont fuese detenido por las fuerzas de seguridad. Especialmente, los Mossos d’Esquadra, desplegados en un importante dispositivo.
Sin embargo, poco después de su intervención pública, el independentista catalán volvía a «desaparecer». Y con ello, nuevamente, a huir de la Justicia española. Una situación que ha puesto en el punto de mira a los Mossos d’Esquadra.
«Los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra no han sido capaces de cumplir con una de sus misiones fundamentales. Esa inacción, justificada con argumentos tan peregrinos como la aplicación de un criterio de proporcionalidad u oportunidad, ha permitido que Puigdemont eluda la orden nacional de detención por un delito de malversación de caudales públicos», ha destacado la Confederación Española de Policía (CEP).
Una situación que, para la CEP, supone «una nueva y gravísima quiebra dela confianza» de cara a los Mossos d’Esquadra. Desconfianza hacia el cuerpo policial autonómico que, para la confederación, debe implicar una reducción de presupuesto nacional para los Mossos.
En concreto, la CEP propone la «inmediata congelación» del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Interior y la Generalitat de Cataluña en 2021 para ampliar los efectivos de los Mossos hasta los 22.006 agentes. Un aumento que supondría un gasto estatal de 1.300 millones de euros.
Congelar el aumento de Mossos tras la desconfianza generada
«Los Mossos no han sido capaces de detener a Puigdemont, que se ha movido por Barcelona con una impunidad insultante», aseguran. «No se puede seguir alimentando desde el Estado el crecimiento de un cuerpo cuando no ha estado a la altura de lo que se esperaba en un momento crucial».
Una financiación que, para la CEP, debería invertirse en «la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los policías nacionales en Cataluña». Agentes que «acaten las órdenes judiciales y detengan a cualquier delincuente prófugo de la Justicia».
«Interior debe dedicar el dinero de todos los españoles a mejorar y dignificar las condiciones de los policías nacionales y guardias civiles. Aumentando las retribuciones, dignificando nuestras pensiones. Considerándonos profesión de riesgo, y potenciando la protección física y jurídica», proponen desde la CEP.
