La Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española exige que se dejen sin efecto las medidas acordadas por parte de los órganos competentes.
La Abogacía rechaza la obligación de llevar distintivos identificativos en los juzgados de violencia de género de Bilbao
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27/8/2024 14:18
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Actualizado: 28/8/2024 16:38
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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), se suma al comunicado de rechazo emitido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en relación al protocolo de actuación sobre movilidad y circulación de personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.
Dicho protocolo impone a investigados, testigos y profesionales de la abogacía la obligación de llevar pegatinas identificativas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao.
Desde la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española rechazan dicha medida.
Una medida «improcedente»
Desde el Consejo General de la Abogacía Española entienden que «Obligar a los profesionales de la Abogacía a portar pegatinas identificativas que acrediten su condición profesional resulta a todas luces improcedente», porque «además de atentar contra la dignidad de la profesión, al imponer dicha obligación únicamente a los profesionales de la abogacía y no así a todos los operadores jurídicos».
En este sentido, recuerdan que «Los profesionales de la Abogacía ya disponen de documento identificativo de su acreditación profesional que deberán exhibir a requerimiento del órgano judicial».
Compromete la reputación personal de la persona investigada
Igualemente, denuncian que «Imponer la misma medida de identificación a las personas investigadas en procedimientos por violencia de género, con exhibición pública de su condición, compromete claramente la reputación personal de la persona investigada a quien asiste el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución Española«.
Desde el CGAE subrayan que «la protección de las víctimas – pilar esencial en la lucha contra la violencia de género- en la que la abogacía está plenamente comprometida», aunque sin vulnerar «la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas».
Por todo ello la Abogacía exige la retira inmediata de estas medidas.
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