Los abogados que representan a Álvaro Romillo, máximo responsable de la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club, conocido como Crytospain, y a los afectados, han solicitado, de manera conjunta, a la Audiencia Nacional, que se nombre un administrador judicial para gestionar las empresas involucradas.
La petición ha sido presentada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la dicho órgano judicial, José Luis Calama Teixeira.
Este paso forma parte de las negociaciones directas entre ambas partes, entre Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados, y su socio, Francisco Jiménez Aguilera, quienes representan a los inversores, y los representantes legales de Silvia Silvia Hevia y Francisco Miranda.
Lo que busca Zaballos, según explican fuentes de la firma, es asegurar la continuidad operativa de las compañías implicadas para garantizar tanto el resarcimiento de los afectados como la preservación de los 200 puestos de trabajo que dependen de estas empresas.
La solicitud se presentó formalmente ayer, 25 de septiembre.
EL MAGISTRADO CALAMA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LA VIABILIDAD DE MADEIRA INVEST CLUB
La pelota está ahora en el tejado del magistrado Calama, que deberá decidir si procede el nombramiento de un administrador judicial, figura clave en casos de este tipo. Porque permitiría supervisar las operaciones de las empresas mientras avanza el proceso judicial.
El origen de esta denuncia colectiva se remonta a las acusaciones contra Madeira Invest Club por presuntas irregularidades en la gestión de criptomonedas, lo que ha afectado a cientos de pequeños y medianos inversores que depositaron su confianza en la plataforma.
Las negociaciones entre la defensa y la acusación han sido intensas, y ambos equipos legales, explican, confían en que la entrega de un listado detallado de los bienes de Romillo facilite una resolución favorable para los afectados.
