La abogada Emilia Zaballos, representante legal de cientos de damnificados en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club, afirma que el caso contra esta plataforma de inversiones “es diferente de la causa contra Alvise Pérez, articulada por la fiscalía del Tribunal Supremo”.
De acuerdo con la socia directora de la firma Zaballos Abogados, “pretender que el Supremo asuma el caso como un todo es condenar al fracaso a cualquier solución que se pretenda encontrar para todas las víctimas”.
Este punto es crucial, ya que el manejo adecuado de los casos financieros de gran envergadura requiere una atención precisa a los detalles, lejos de las interferencias políticas que solo buscan rédito mediático.
La estrategia de fusionar el escándalo de Madeira Invest Club con la causa de Alvise Pérez no solo distorsionaría la naturaleza de la financiación ilegal de partidos, sino que distraería la atención de las verdaderas responsabilidades y consecuencias económicas.
Aquí es donde la crítica de Zaballos cobra más fuerza: al politizar el asunto, se corre el riesgo de desviar el foco de los hechos concretos, lo que podría beneficiar a los responsables al diluir la gravedad de la estafa y retrasar las posibles compensaciones a los afectados.
Zaballos, que está personalmente en contacto, desde hace varios días, con los abogados de Álvaro Romillo, explica que por parte del alma mater de la plataforma, “hay una voluntad de colaborar con la justicia para buscar soluciones a los damnificados”.
MADEIRA INVEST CLUB EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 4
De hecho, en el día de hoy, los abogados de Romillo se personaban en la causa ante el Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, y “se comprometían a poner el patrimonio de sus clientes al servicio de la causa”.
Este gesto, que podría interpretarse como un intento de mitigar responsabilidades, muestra sin embargo un interés por preservar los activos y evitar que los afectados queden en el vacío.
En el acuerdo “se comprometen a solicitar al Magistrado que la designación de un administrador judicial de todas las empresas para evitar que se hundan los negocios y preservar los puestos de trabajo de 200 trabajadores”.
Explica Zaballos como ya ha solicitado en su denuncia colectiva; “porque no todos los negocios son deficitarios o están abocados al cierre y una buena gestión permitiría el resarcimiento de nuestros clientes”.
Hay restaurantes de moda en Madrid, propiedad de los denunciados, de Madeira Invest Club, que están funcionando muy bien y sería generar un daño colateral innecesario en perjuicio de las víctimas.
En estos momentos es aconsejable actuar con cautela y lo solicitamos así a todos los profesionales personados en la causa; es imprescindible la agilidad del Juzgado Instructor para asegurar el patrimonio existente.
“Se pueden recuperar muchas inversiones, pero eso será imposible si todo se politiza alrededor de Alvise Pérez y su partido”, subraya la abogada.
La crítica de Zaballos no puede ser más clara: cuando la justicia se mezcla con la política, los intereses de los verdaderos afectados pasan a un segundo plano, eclipsados por los focos mediáticos.
“El político es solo una rama colateral de esta causa. No es el tronco central. La fiscalía del Tribunal Supremo debe de poner el foco en la posible financiación ilegal, y la Audiencia Nacional en investigar si existe alguna relación entre Alvise y su participación en la plataforma de inversión. Y en función de lo que resulte, desde Zaballos Abogados, valoraríamos ampliar la denuncia contra Alvise y posteriormente la competencia de la Audiencia Nacional, pero no antes, para que la causa no pierda agilidad y garantías para las víctimas».
“Mal servicio haremos a nuestros clientes si permitimos que se politice el caso. Si permitimos que se haga eso, se perderá todo”, concluye rotunda.
