Psiquiatras reafirman su papel en los casos de problemática trans
Las XVIII Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos de este año reunió a 37 psiquiatras, todos ellos catedráticos de Psiquiatría y psiquiatras, 22 magistrados, entre los que se encontraban tres magistrados del Tribunal Supremo y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 2 médicos forenses, 1 fiscal y representantes de otras profesiones. Foto: Confilegal.

Psiquiatras reafirman su papel en los casos de problemática trans

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07/10/2024 05:35
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Actualizado: 07/10/2024 08:11
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El consenso es generalizado entre la clase psiquiátrica: es un error mayúsculo que la Ley Trans no haya contado con los preceptivos informes de expertos psiquiatras. Aprobada por el Congreso el 22 de diciembre de 2023, no precisó de tal requisito al tramitarse por la vía de urgencia.

Un consenso que quedó patente en el marco de las XVIII Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos que organizan anualmente en Sevilla la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y que llevaron por título «La Ley Trans en España: Psiquiatría y Ley».

Este año reunió a 37 psiquiatras, todos ellos catedráticos de Psiquiatría y psiquiatras, 22 magistrados, entre los que se encontraban tres magistrados del Tribunal Supremo y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 2 médicos forenses, 1 fiscal y representantes de otras profesiones. Fue en el hotel Meliá Los Lebreros de la capital hispalense.

Dicha Ley permite que los menores de 12 a 14 años puedan cambiar su género en el Registro Civil con autorización del juez de Primera Instancia que le corresponda, quien podrá solicitar los informes o pruebas que considere necesario para acreditar la madurez del menor. No especifica ni menciona a los psiquiatras, que sería lo lógico, para tal fin.

La ponencia de Natalia Velilla, magistrada de Madrid, tuvo como título «La Ley Trans: principales novedades respecto de la regulación anterior y especialidades autonómicas».

El hecho dio pie a un intercambio de pareceres entre psiquiatras y magistrados que terminaron con la misma conclusión: ese es el cometido de estos médicos especialistas en salud mental. «A mí no me cabe la menor duda de que el profesional que puede hacer un informe sobre la madurez del niño que quiere cambiar de sexo es el psiquiatra. Si se me diera el caso, no lo dudaría», afirmó una de las magistradas intervinientes, destinada en un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.

«Es una evaluación. Son muy comunes en nuestros días. Se hacen evaluaciones a los donantes de riñón sanos o cuando se va a proceder a hacer una cirugía bariátrica, destinada a ayudar a las personas con obesidad severa a perder peso. El profesional médico tiene que tener claro que la persona entiende lo que va a acometer», subrayó otro de los intervinientes, catedrático de psiquiatría. «¿Hasta qué punto la persona tiene capacidad para tomar decisiones sobre su salud? Esta es la pregunta a la que suelen responder dichas evaluaciones. El consentimiento es el elemento esencial».

Isabel Nicasio Jaramillo, magistrada de la Audiencia Provincial de Huelva abordó «La irrupción del derecho de autodeterminación de género en el derecho civil». Foto: Confilegal.

PRESCINDE DE MECANISMOS DE COMPROBACIÓN Y DE CONTROL

La Ley Trans genera mecanismos insólitos al prescindir de mecanismos de comprobación y de controles razonables.

«La realidad», se afirmó en este cónclave de psiquiatras y magistrados que lleva celebrándose desde hace 20 años, «es que el 70 % de los menores que solicitan el cambio de sexo tienen trastornos de salud mental previos». Lo que sugiere que, en algunos casos, la disforia de género, el malestarque una persona siente porque su identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer, coexiste con otros trastornos mentales.

Para los menores de entre 14 y 16 años, la Ley 4/2023 establece que pueden solicitar la rectificación de la mención registral del sexo por sí mismos, pero deben estar asistidos por sus representantes legales durante el procedimiento. En caso de desacuerdo entre los progenitores o los representantes legales, se nombrará un defensor judicial para garantizar que los intereses del menor sean protegidos durante el proceso.

En este caso el juez se encargará de valorar la madurez del menor y la estabilidad de su voluntad durante el proceso, pero la ley no condiciona la aprobación de la solicitud a la presentación de informes médicos ni psicológicos, lo que también fue criticado por los especialistas en salud mental.

A partir de los 16 años el menores puede pedir el cambio de sexo sin consentimiento paterno.

Una de las razones que se esgrimieron para este «ninguneo» de la clase psiquiatrica española es la estigmatización que el movimiento LGTBI ha puesto sobre ellos. «La idea de que ingresamos a la gente contra su voluntad y que atamos a los pacientes a las camas se ha extendido. No entienden que si la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad en 1990 fue porque hubo un consenso entre los psiquiatras. Lo mismo que lo transexualidad. Ni la homosexualidad ni la transexualidad son enfermedades».

José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, durante su ponencia, que versó sobre el «Tratamiento penal de la discriminación transfóbica». Foto: JG.

OCHO HORAS Y MEDIA MUY INTENSAS DE PONENCIAS Y DEBATES

Las XVIII Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos se celebraron en dos sesiones que juntas sumaron ocho horas y media de ponencias y debates. El viernes por la tarde la inauguración corrió a cargo de Víctor Pérez Sola, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, y Juan Manuel Fernández, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

La primera mesa la compusieron el Víctor Pérez, que hizo la moderación, Pilar Guillén, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, con una ponencia titulada «La Ley 4/2023: situando el acrónimo LGTBI»; Margarita Saenz Herrero, profesora agregada de la Universidad del País Vasco, con «Trans-formar modelos: de la transexualdiad a la CIE-11 y la despatologización de la condición transgénero»; María José Parellada Redondo, jefa de Sección del Neurodesarrollo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con «Desarrollo de la identidad (incluida el género) a lo largo de la infancia y adolescencia»; y Natalia Velilla Antolín, magistrada del Juzgado de Primera Instancia 6 de Alcobendas, Madrid, con «La Ley Trans: principales novedades respecto de la regulación anterior y especialidades autonómicas».

Eduardo Porres, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el tercero por la derecha–, clausuró las XVIII Jornadas junto a Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental –el segundo por la derecha–. Foto. Confilegal.

La segunda mesa tuvo lugar la mañana del sábado bajo la moderación de Manuel Martín Carrasco, psiquiatra y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. En la misma intervinieron Aránzazu Ortiz Villalobos, coordinadora del Equipo Infantil y de Adolescencia del Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Saluid Mental del Hospital Universitario La Paz, con «La Ley Trans: de la norma a la realidad clínica»; José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, con «Tratamiento penal de la discriminación transfóbica»; Isabel Nicasio Jaramillo, magistrada de la Audiencia Provincial de Huelva, con «La irrupción del derecho de autodeterminación género en el Derecho Civil»; y Carlos Berbell, director de Confilegal, con «Redes sociales e influencia en la identidad de género».

La primera mesa tuvo como secretaria a María José Jaén Moreno, psiquiatrra y profesora permanente laboral de Psiquiatría en la Universidad de Córdoba. Y en la segunda a Carmen Fernández Nicasio, investigadora y profesora del Departamentoe de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Clausuró el evento Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, junto a Martín Carrasco.

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