El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, acaba de anunciar que no va a dimitir tras haber sido imputado esta misma mañana por el Tribunal Supremo. En concreto, por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Una decisión que llega poco después de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también haya solicitado su dimisión.
«En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado», ha manifestado el FGE en un comunicado.
Asimismo, ha detallado que es consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconoce la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales del país. «Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales como hasta ahora he venido haciendo, con pleno respeto a la Ley y al Estado de Derecho».
García Ortiz se reunirá mañana con la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal
Además, ha convocado mañana a la Junta de Fiscales de Sala a las 09:30 horas y al Consejo Fiscal a las 16:00 para hacerles partícipes de la decisión y darles las oportunas explicaciones y escuchar todo lo que tengan que manifestarle.
Por otro lado, García Ortiz ha recordado que atribuirle la condición de investigado es inédito en nuestro país y «obliga a una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no sólo el la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino de toda España».
«Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional».
