Magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, abogados, médicos forenses y políticos se dieron cita el pasado jueves en Ávila para celebrar una jornada benéfica que llevó por título «La protección jurídica de los más débiles: en defensa de la solidaridad social».
Con un público que superó las 100 personas en el Centro de Atención Integral a Demencias Miguel Ángel García Nieto, los diez ponentes mostraron cómo el Derecho puede ser una herramienta no solo de regulación, sino de empatía y solidaridad. Todo lo que se recaudó ese día –3.000 euros– fue para la Asociación Alzheimer Ávila (Afávila),
Impulsada por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, con la inestimable ayuda de SEPIN y de su hombre, Jesús Abad, los ponentes analizaron los avances judiciales que se han producido en los últimos años en la protección de los más débiles, y en defensa de la solidaridad social.
«Conocí a la asociación de Alzheimer Ávila por mi madre. Mi madre padeció esta enfermedad desde muy joven y notábamos como la perdíamos poco a poco, no físicamente, sino que ella perdía su memoria y nosotros íbamos tras esos recuerdos que se difuminaban y perdían en el tiempo. Nosotros también estábamos perdidos, así que conseguimos el deseado reencuentro gracias a esta asociación que se constituyó en 1995», explica Sánchez Melgar.
«Recibimos toda su ayuda y toda su cordialidad y nosotros les estaremos eternamente agradecidos. Todo lo que yo les pueda devolver será una micra al lado de lo recibido. Comencé hace años a colaborar con ellos y me distinguieron tan inmerecidamente con la figura de socio de honor y después embajador», añade.
MAGISTRADOS DEL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En la jornada benéfica intervinieron el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, que protagonizó la clausura.
Previamente el propio Sánchez Melgar disertó sobre los «Delitos de posible comisión en las asociaciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad». El magistrado señaló que, aunque los delitos en asociaciones que cuidan a personas con discapacidad son estadísticamente bajos, es importante recordar que estas personas están protegidas penalmente en sus derechos más fundamentales.
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, explicó hasta donde llega la «Responsabilidad penal de las asociaciones». Y el magistrado de la Sala de lo Penal de ese mismo órgano judicial, Joaquín Delgado Martín, sin duda uno de los grandes expertos nacionales en materia jurídica de discapacidad, que habló de la «Protección de las personas con discapacidad en los entornos virtuales».
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alejandro Abascal, quien fue magistrado en los Juzgados Centrales de Instrucción 1 y 6 de la Audiencia Nacional, versó sobre «Discapacidad y facilitación procesal».
TAMBIÉN ABOGADOS, MÉDICOS FORENSES Y FISCALES
La jornada benéfica fue inaugurada por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo. «Nosotros hemos trabajado en todas las modificaciones de las leyes procesales donde hay mucho que hacer en pro de la discapacidad y estamos trabajando para que en la nueva Ley de Justicia Gratuita se incluya a la discapacidad con todos los derechos, como tiene cualquier persona, y trabajamos también por la plena inclusión», recordó Sanz Orejudo.
Le siguieron el médico forense, Javier Rodríguez López, que respondió a la pregunta «¿Qué puede hacer la medicina forense en materia de personas con discapacidad?».
Ana Galdeano Santamaría, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo como ponencia «Una Justicia sin barreras». Jesús Lorenzo Aguilar, director general de ASEMED, abordó un tema que no puede estar más de actualidad: «Mediación y discapacidad». Y José Francisco Hernández, delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila explicó «¿Qué hace la Administración en materia de personas con discapacidad?».
Montserrat Cortés, presidenta de Alzheimer Ávila, subrayó la necesidad de implantar la figura del facilitador procesal en Castilla y León y en todo el país, destacando que, dado lo complejo del sistema judicial, esta figura es esencial para ayudar a las personas con Alzheimer a comprender mejor procesos legales como la elaboración de testamentos vitales o sentencias.
Cortés, por último, destacó que el compromiso de la Justicia con las personas con discapacidad es un avance crucial, y señaló la importancia de la protección judicial ante los cambios que se esperan en el diagnóstico temprano del Alzheimer.
