La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concedido dos nuevos amparos dentro de su compromiso de defender el derecho de defensa y la labor de sus colegiados y colegiadas.
El primero de ellos ha sido para un abogado que solicitó la suspensión de un señalamiento judicial por motivos de paternidad. El letrado presentó la solicitud al Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Madrid tras el nacimiento de su hija, solicitando la suspensión de una vista prevista.
A pesar de aportar los documentos justificativos, como el certificado de inscripción de la menor y la solicitud de baja por paternidad emitida por Alter Mutua, el juzgado rechazó la petición, argumentando que la baja no estaba debidamente acreditada.
El letrado interpuso un recurso de apelación invocando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y generando una situación de indefensión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso en junio de 2024, lo que llevó al abogado a plantear un recurso de casación.
Ante estos hechos, el abogado solicitó amparo al ICAM, argumentando que la denegación de la suspensión del juicio vulneraba su derecho a la conciliación familiar y profesional, además de un trato desigual por estar adscrito a una mutua alternativa a la Seguridad Social.
Tras analizar el caso concluyeron que se había vulnerado la independencia y libertad del abogado, así como su derecho a la conciliación familiar, y destacó la importancia de garantizar que las bajas por paternidad de los abogados sean reconocidas independientemente del régimen de cotización al que pertenezcan.
El ICAM da amparo por trato vejatorio
También se ha concedido amparo colegial a otro letrado que denunció haber sido objeto de un trato vejatorio por parte de un agente de la Policía Nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid.
El abogado acudió al CIE para asistir a un solicitante de asilo y, tras un retraso considerable en la entrevista, fue increpado por un agente por haber utilizado brevemente su teléfono móvil para revisar la hora.
El agente le dirigió comentarios irrespetuosos y amenazó con abrirle un acta sancionadora, lo que llevó al abogado a presentar una queja ante el Ministerio del Interior y a solicitar amparo colegial.
El ICAM, tras evaluar los hechos, consideró que la actitud del agente había vulnerado la dignidad e independencia del letrado en el ejercicio de su función profesional. Asimismo, destacó que la sanción impuesta por la autoridad policial era desproporcionada y afectaba negativamente el derecho de defensa del abogado y de su cliente.
El decano Eugenio Ribón ha señalado que «estos amparos ponen de relieve nuestro compromiso en la defensa de los derechos de nuestros colegiados, y demuestran la importancia de garantizar que los abogados puedan ejercer su labor sin interferencias. La independencia profesional y la conciliación familiar deben ser siempre respetadas por las instituciones, y seguiremos impulsando el amparo colegial como un mecanismo clave para asegurar esa protección».
Por su parte, Javier Mata, Diputado responsable de Defensa de la Abogacía, destacó que «estos casos reflejan nuestra determinación en salvaguardar la dignidad y libertad profesional de los abogados, especialmente cuando se ven sometidos a situaciones de presión o vulneración de derechos. La protección de nuestros colegiados es prioritaria, sobre todo en aspectos tan importantes como la conciliación y el ejercicio de la abogacía en condiciones justas».
