La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha tomado la decisión de personarse en la causa penal abierta contra el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ello por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Hay que recordar que se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. Reconocen que no ha sido una decisión fácil pero detallan que justificar su permanencia en el cargo diciendo que es lo mejor para la institución «no es de recibo». Su imputación contamina, sin remedio, a toda la Carrera.
Según han recordado en un comunicado, a su juicio, es incompatible estar siendo investigado y mantenerse en el puesto al considerar que pierde la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «No podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito».
Por lo que APIF ha tomado esta decisión al considerar que, al no renunciar García Ortiz a su cargo, se priva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española.
«Resulta, del todo punto imposible, que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada por cualquier fiscal con la independencia que se le requiere teniendo como imputado a su jefe».
En este sentido, la personación de APIF, que será realizada por el abogado penalista –y fiscal en excedencia– José Antonio Frago, obedece a poder prestar esta actuación profesional como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad. Entienden que, en todo caso, en función de la prueba que se practique, formularán un escrito de acusación o se apartarán del ejercicio de la acción penal interesando la absolución.
