La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha solicitado la suspensión de empleo de María Pilar Rodríguez Fernández, Fiscal Jefe Provincial de Madrid, debido a su imputación por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos, semejante a la de García Ortiz.
Después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil registraran, durante más de diez horas, el despacho del Fiscal General del Estado (FGE), este jueves, 31 de octubre, la APIF, personada en la causa contra el fiscal general, ha solicitado ante el Tribunal Supremo su suspensión de empleo.
Así pues, el bufete de abogados Frago &Suárez Abogados Penalistas, ha presentado esta solicitud a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En concreto, así lo han solicitado los letrados Juan Antonio Frago Amada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández.
«Esta Sala asumió la competencia para instruir la causa contra Álvaro García Ortiz y María Pilar Rodríguez, y abrió un procedimiento para investigar la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos. De acuerdo con nuestra legislación, este hecho debe provocar que a ambos se les suspenda provisionalmente del cargo que ejercen en la actualidad», explican en la solicitud.
Petición en la que, respectivamente, quedarían apartados de sus cargos como Fiscal General del Estado y Fiscal Jefe Provincial de Madrid.
Suspensión de García Ortiz necesaria tras su imputación
Suspensión de empleo que, para APIF, es necesaria ante la actual situación a la que se enfrenta García Ortiz.
«Si continuara siendo Fiscal General del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa, y en calidad de tal podría impartirle órdenes», explica la solicitud. Ello, debido al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Algo que «provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio investigado/acusado», aseguran.
«Esta situación dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal», destacan desde el escrito, al que ha tenido acceso Confilegal.
Del mismo modo, sostienen que esta situación también afecta a María Pilar Rodríguez Fernández. Y es que, según la APIF, «a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele
provisionalmente de empleo».
