A una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la incertidumbre es palpable. Los equipos legales de los partidos Republicano y Demócrata han desplegado un ejército de abogados, anticipando una posible batalla en los tribunales que podría prolongarse semanas o incluso meses tras el día de votación.
Con la vicepresidenta Kamala Harris ligeramente por delante en las encuestas del expresidente Donald Trump, la batalla del 5 de noviembre se decidirá, probablemente, en siete estados clave, que suelen tener un electorado dividido e inclinarse hacia cualquier partido (Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada Y Carolina del Norte)
Sin embargo la batalla legal anticipada ya comenzó hace tiempo. Ello ha impulsado los comités nacionales de ambos partidos a recurrir a importantes firmas de abogados y a redes legales sin precedentes para enfrentar una contienda caracterizada por desafíos legales a gran escala y nuevos mecanismos de supervisión de la integridad electoral.
En el Partido Republicano
El Comité Nacional Republicano (RNC) ha confiado en bufetes de renombre como Jones Day y Dhillon Law Group para liderar su estrategia legal.
En paralelo, la campaña de Donald Trump, en colaboración con la RNC, ha implementado un “programa de integridad electoral” que involucra a más de 100,000 voluntarios y abogados en los estados decisivos., según informa Law.com
Esta red ha impulsado ya más de 130 litigios en 26 estados, abarcando desde la verificación de votantes hasta el manejo de las boletas de voto en ausencia.
Así John Gore, socio de Jones Day, presentó recientemente un recurso ante la Corte Suprema para suspender una decisión de la corte suprema estatal de Pensilvania sobre el uso de boletos provisionales.
Por su parte, Harmeet Dhillon, una destacada abogada conservadora y líder de Dhillon Law Group, junto a su socio David Warrington, también ha tomado el timón en litigios clave, como el caso Vote.org contra la Junta Estatal de Elecciones de Georgia, que impugna los métodos de firma en las solicitudes de boletas en ausencia.
La campaña republicana ha invertido recursos significativos para fortalecer su aparato legal, reflejando la importancia estratégica de estas contiendas judiciales en su agenda.
En agosto, la RNC destinó más de 660.000 euros a Jones Day, una cifra que evidencia el peso que otorgan a este tipo de litigios electorales.
Además de contar con socios de prestigio en las firmas contratadas, el equipo legal incluye figuras con sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, como Gineen Bresso, exasesora de Trump en la Casa Blanca, y Steve Kenney, consejero sénior del RNC.
Estos perfiles aportan experiencia y un enfoque alineado con los valores conservadores, reforzando la ofensiva legal del partido en los casos de mayor relevancia electoral.
En el bando demócrata
En el bando demócrata, la respuesta no ha sido menos imponente. El Comité Nacional Demócrata (DNC) ha construido una alianza estratégica con bufetes de alto perfil como Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, Perkins Coie, y Covington & Burling.
El liderazgo del equipo demócrata se encuentra en manos de abogados de prestigio: Dana Remus, socia de Covington y ex asesora legal de la Casa Blanca bajo la administración Biden, ha dirigido los programas de protección electoral.
En esta línea, Seth Waxman, socio en Wilmer y responsable del área de apelaciones del bufete, encabeza la defensa demócrata en casos críticos como el de la RNC contra la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, en el cual los republicanos buscan invalidar la identificación digital para estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte.
La presencia del abogado Marc Elias, figura icónica de la abogacía demócrata, añade un refuerzo importante. Desde su firma Elias Law Group, ha liderado 65 casos en 19 estados, abordando desde conflictos sobre el acceso al voto hasta la transparencia en el conteo de votos en estados clave.
Bob Bauer, quien fue abogado personal de Biden, completa el equipo, aportando décadas de experiencia y visión estratégica en litigios electorales complejos.
Las finanzas también han sido un recurso importante para los demócratas: solo en el último trimestre, el DNC ha desembolsado cerca de un millón de dólares a Wilmer Hale, lo que pone de relieve una estrategia donde no se escatiman recursos.
Más allá de los partidos
Más allá de los partidos políticos, la participación de organizaciones no partidistas también ha sido fundamental.
La coalición de protección electoral «Election Protection«, dirigida por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley, cuenta con más de 5,000 voluntarios legales que operan una línea directa a disposición de los votantes de todo el país.
Esta red pro bono, apoyada por más de 100 bufetes de abogados y 60 departamentos legales corporativos, ofrece asistencia legal en gran variedad de situaciones, desde problemas de registro hasta incidentes por intimidación en los centros de votación.
Tras la experiencia del 2020: todos preparados
A medida que se acerca el día de las elecciones, las proyecciones indican que ambos bandos se preparan para enfrentamientos legales que podrían prolongarse tras la jornada electoral, con disputas sobre la validez de los resultados y posibles esfuerzos para desafiar la certificación de votos en estados clave.
La experiencia de los abogados tras los intensos litigios posteriores a las elecciones de 2020 les brinda una base sobre la cual anticipar los tipos de disputas que podrían surgir en esta ocasión.
