Iberdrola y Repsol se verán las caras este jueves, 21 de noviembre, en el Juzgado de lo Mercantil de Santander en la demanda presentada por la eléctrica contra la petrolera por «competencia desleal» y «publicidad engañosa» por ‘greenwashing’.
El juicio contra la filial de comercialización de energía de Repsol se celebrará en Santander, donde tiene su sede social. Repsol intentó trasladar el caso a los juzgados de Madrid, pero su solicitud fue rechazada.
Demanda contra Repsol por «greenwashing»
El pasado mes de febrero, Iberdrola interpuso una demanda en el juzgado de Santander contra Repsol y sus comercializadoras de productos petrolíferos y de electricidad y gas, ésta última identificada como directa competidora.
La eléctrica interpuso su demanda en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosas (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas, al considerar que ha incurrido en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico.
el término «greenwashing» se refiere a una táctica de marketing engañosa utilizada por algunas empresas para dar la impresión de que sus productos, servicios o prácticas empresariales son más amigables con el medio ambiente de lo que realmente son.
En la denuncia, la eléctrica acusaba a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, «cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes», así como de «centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales».
Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán considera que las campañas de Repsol constituyen «una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía».
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la demanda presentada por Iberdrola revelaba el «nerviosismo» de la eléctrica y también afirmó que con esta denuncia buscaba «limitar el crecimiento» de la energética en el sector eléctrico.
