Amilcar Villavicencio es el director general de la firma hispanovenezolana VCA FIRM, expresa su preocupación por este cambioi de reglas en torno a la Golden Visa. Foto: Confilegal.
«La derogación de la Golden Visa desincentivará la inversión extranjera en España», afirma el abogado Villavicencio
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21/11/2024 05:35
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Actualizado: 20/11/2024 21:32
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El socio director general del despacho VCA FIRM, Amilcar Villavicencio, afirma que «la derogación de la Golden Visa», que en la actualidad permite a ciudadanos no europeos obtener la residencia en nuestro país, «desincentivará la inversión extranjera en España».
El despacho de Villavicencio, venezolano de origen, con oficinas en Venezuela y en España, es uno de los referentes legales para muchos compatriotas que han hecho de nuestro país su nueva casa.
Villavicencio responde así a la reciente aprobación -el pasado 14 de noviembre- en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia (por 179 a favor y 169 en contra) que va a poner fin a estos visados, que, hasta ahora, permiten a ciudadanos no europeos obtener permisos de residencia a cambio de inversiones en bienes inmuebles o en otros activos por un monto mínimo.
«Este proyecto es un nuevo atentado parlamentario de supresión de esta forma migratoria que obliga a los inversores extranjeros a decidir con prontitud sobre sus intereses en España. Desde su aprobación, en la Cámara Baja española, el volumen de consultas y contrataciones para recibir asesoría y representación en el trámite ha aumentado significativamente», revela.
La derogación de la Golden Visa se implementará a través de una disposición final que deja contenido los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La Ley que regula actualmente los visados y autorizaciones de residencia por inversión.
El proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia tiene ahora que votarse en el Senado, donde tiene mayoría el principal partido de la oposición. Sin embargo, su regreso al Congreso, donde el Gobierno y sus aliados son mayoría, asegura su aprobación, y su entrada en vigor, para final de año.
«Esta iniciativa parlamentaria prevé una etapa de transición que garantiza la irretroactividad de la Ley. En ella se establece que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley serán procesadas con las condiciones normativas actuales, estando aseguradas las renovaciones de las residencias que se encuentren vigentes», explica Nathaly Alviárez, directora y coordinadora de extranjería de VCA FIRM.
UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD
«Como expertos en este campo aconsejamos a los interesados en conseguir la residencia en España, como inversor, bajo el régimen vigente, se pongan en contacto, de inmediato con abogados especializados. Antes de que la nueva legislación entre en vigor. Existe todavía una ventana de oportunidad. Para ello hay que diseñar el plan de inversión y de solicitud de residencia que puede beneficiar al inversor, a su núcleo familiar y dependientes. Se puede decir que el tiempo ya está corriendo», añade Alviarez.
La abogada se refiere a la disposición transitoria que dice que “aquellos inversores o familiares de inversores que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta disposición transitoria, hubieran presentado la correspondiente solicitud, podrán recibir el visado o autorización correspondiente conforme a la normativa vigente en la fecha de presentación de la solicitud”.
Las «Golden Visa» fueron introducidas en España en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, que presidía Mariano Rajoy, para atraer capital extranjero, que permitía acceder al régimen de residencia si se invertía más de 500.000 euros en inmuebles.
También se han otorgado a extranjeros que realizaran una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española; un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con una actividad real de negocio o 1 millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo constituidos en España.
Desde su entrada en vigor se han concedido más de 14.576 visados, según los datos del Ministerio de Vivienda. Entre 2018 y 2022 se han realizado inversiones inmobiliarias en España por valor de 4.800 millones de euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado esta decisión porque este tipo de inversiones, sobre todo las inmobiliarias, “tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación”.
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