El miércoles despertamos con la advertencia que la UE, a través de su Comisaria de Justicia, Dª Vera Jourova, ha lanzado a Europa bon respecto a aquellos permisos de trabajo y residencia que se conceden en los países que conforman la UE a cambio de una inversión.
En España este tipo de permisos se conceden al amparo de lo establecido en los artículos 61 y siguientes de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”, y se les conoce más como “Golden Visa”.
El miedo de la UE, y por tanto el toque de atención, se centra en la posibilidad de que por parte de ciertas personas se estén utilizando este tipo de permisos con la finalidad de, entre otros, blanquear capital o evadir impuestos; delitos que últimamente están siendo bastante perseguidos y sancionados tanto por las autoridades españolas como europeas.
En España, para la solicitud del permiso de trabajo y residencia por la compra de un inmueble o por inversión, conforme a lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, corresponde a los sujetos obligados -notarios, registradores de la propiedad, abogados, etc.- pasar una serie de “filtros” previos.
Sin perjuicio de lo anterior, no está de más que, para garantizar la integridad del sistema financiero, quizás tanto el Gobierno como el resto de países de la UE, consideren la opción de plantear mecanismos de cooperación y control alternativos y más exhaustivos.
Todo ello con el fin de vigilar la procedencia de esas inversiones o los movimientos de capital sospechosos que se puedan hacer tanto en nuestro país como en el resto de la UE al amparo de estos permisos de trabajo y residencia.
A pesar del toque de atención que ha lanzado la UE, no debemos olvidar que, con la entrada en vigor de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” –más conocida como Ley de Emprendedores-, nuestro mercado inmobiliario se ha visto saneado tras una larga etapa de recesión.
De tal manera que quizás ahora no sea el mejor momento para arremeter contra una normativa que, en líneas generales, ha beneficiado al sistema económico español, tan duramente castigado por tantos años de crisis.
Tampoco podemos obviar que la Ley de Emprendedores no sólo habilita a inversores a residir y trabajar en España, sino también a aquellos ciudadanos de terceros países considerados como personal altamente cualificado o a emprendedores.
Ello supone una mayor creación de puestos de trabajo y, por tanto, más ingresos para nuestra Seguridad Social, contribuyendo así a la sostenibilidad de nuestro sistema de prestaciones y pensiones.
