El Gobierno eliminó la Golden Visa. Los precios de la vivienda siguieron subiendo. Y ahora hay un problema nuevo.
Eso, en síntesis, es el balance que arrojan los expertos en movilidad internacional más de un año después de que el Gobierno suprimiera el visado de residencia por inversión.
La medida, presentada como un instrumento para contener el encarecimiento del mercado inmobiliario, no solo no logró su objetivo —los datos son contundentes al respecto— sino que generó una serie de disfunciones administrativas y jurídicas que afectan a inversores, familias y oficinas de extranjería por igual.
«La Golden Visa no era el origen del problema de la vivienda y los datos lo confirman», dice Juan Carlos Lois, socio de Movilidad Internacional de RSM. «Su eliminación no ha tenido impacto en los precios, pero sí ha creado dificultades prácticas para perfiles inversores que antes tenían un marco claro y previsible«.
El diagnóstico es incómodo. Políticamente, la supresión fue vendida como una medida de equidad habitacional. Técnicamente, dicen quienes trabajan a diario con estos expedientes, fue una amputación mal ejecutada.
Un instrumento amplio, reducido a su peor lectura
La Golden Visa no era solo inversión inmobiliaria. Agrupaba también vías de residencia asociadas a inversiones financieras y proyectos de interés general, categorías que nunca habían generado presión sobre el parque de vivienda.
Todas cayeron juntas. Sin distinción. Sin alternativa.
«Se eliminaron instrumentos que no estaban causando el problema que se pretendía resolver», explica Margarita Volkova, manager del departamento de Movilidad Internacional de RSM, «y no se diseñó una alternativa para estos perfiles».
Lo que vino después fue improvisación. Inversores con capacidad económica real, interesados en desarrollar proyectos empresariales en España, comenzaron a derivarse hacia figuras que no fueron diseñadas para ellos: el visado de teletrabajadores internacionales o la residencia no lucrativa.
Categorías pensadas para otros supuestos, ahora congestionadas por demanda desplazada.
«Inversores reales, que necesitan desarrollar actividad económica en España, se ven obligados a encajar en permisos que no responden a su realidad profesional», apunta Volkova. La distorsión del sistema migratorio, dice, es evidente.
Errores técnicos, familias en el limbo
La derogación tampoco se articuló sin tropiezos. Hubo errores técnicos que dejaron sin cobertura supuestos concretos —entre ellos, el de menores no nacidos en España— y expedientes que fueron trasladados en bloque al régimen general, con todo lo que eso implica: más carga para las ya saturadas Oficinas de Extranjería y criterios desiguales según el territorio donde se tramite.
«La falta de homogeneidad administrativa ha añadido incertidumbre a familias que estaban tramitando su residencia de manera regular», señala Lois.
La Unidad de Grandes Empresas emitió criterios claros en materia de renovaciones. Pero el ámbito consular y el Ministerio de Asuntos Exteriores no siguieron el mismo paso.
El resultado: visados bloqueados pese a contar con resoluciones de residencia ya aprobadas. Un escenario difícil de justificar, dice Lois, desde cualquier lectura razonable de la seguridad jurídica.
El mercado se reorganiza solo
Mientras el marco legal permanece sin reformarse, el mercado ha encontrado su propia salida. El visado de teletrabajadores internacionales —el llamado Digital Nomad— está absorbiendo una parte creciente de los perfiles que antes habrían optado por la Golden Visa.
No es un atajo, precisan los expertos. Es una adaptación.
Profesionales internacionales con patrimonio, proyectos estables y estructura fiscal compatible están eligiendo esta vía no por convicción, sino por descarte. La demanda de residencia no ha desaparecido; se ha reordenado.
En el resto de Europa, el movimiento ha sido distinto. Varios países han reformulado en 2025 sus programas de residencia por inversión: recortando el componente inmobiliario, reorientándolos hacia proyectos estratégicos. España, en cambio, eliminó el sistema sin construir nada en su lugar.
«Un inversor que impulsa proyectos y no es una carga para el Estado necesita un marco propio, claro y transparente», concluye Volkova. «No necesariamente vinculado a la vivienda, pero sí coherente con la realidad económica del país».
El vacío sigue ahí. Y cerrar ese hueco, coinciden los especialistas, no es solo una cuestión de política migratoria. Es una cuestión de credibilidad.
