Los juzgados de Valencia han recibido un total de nueve acciones judiciales, siete de ellas penales, en relación con la gestión y actuación de las administraciones públicas y sus responsables por la DANA del pasado 29 de octubre, que ya ha provocado más de 220 víctimas mortales.
Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
2 querellas contra Mazón por la gestión de la DANA
Entre las más destacadas, se encuentran dos querellas contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. La primera, presentada por Iustitia Europa, se tramita actualmente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, mientras que la segunda, interpuesta por un ciudadano, aún está en fases preliminares a la espera de documentación adicional por parte del querellante.
Asimismo, la Fiscalía Provincial de Valencia ha trasladado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV una denuncia del sindicato CGT, que acusa a Mazón de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Esta denuncia se suma a otras interpuestas por particulares y abogados contra Mazón y otros funcionarios públicos, incluyendo a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
Otra denuncia relevante por la gestión de la DANA ha sido presentada por Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Meteorología y la Agencia Valenciana de Emergencias.
Este caso se ha visto complicado por un rechazo de inhibición entre juzgados de instrucción, manteniendo el caso en un limbo procesal.
También se ha presentado una querella por parte de Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha sido inadmitida por el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia por un defecto formal, al no presentar un poder especial sino general.
En el ámbito contencioso-administrativo
En la esfera contencioso-administrativa se han presentado dos recursos por la DANA.
Uno interpuesto por la organización Liberum contra la Delegación del Gobierno, que ha sido derivado al Tribunal Supremo por incompetencia de la instancia local.
Paralelamente, el segundo recurso ha sido presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias (AVSRE).
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV la ha admitido a trámite y conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ha remitido oficio a la Administración demandada para que envíe los expedientes administrativos.
Este conjunto de acciones refleja un clima de creciente judicialización en respuesta a la gestión de crisis y emergencias en la Comunitat Valenciana, subrayando tanto la complejidad de la administración pública como el papel del sistema judicial en la supervisión y rectificación de las actuaciones gubernamentales.
