El ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato declara este viernes como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración a la prensa de una serie de correos entre la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales para llegar a un acuerdo.
El juez Ángel Hurtado acordó la testifical tras la información publicada el pasado domingo por ‘ABC’ en la que se asegura que «Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso» y trató de implicar a Lobato. Según el citado medio, Pilar Sánchez Acera –actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital Óscar López y entonces jefa de Gabinete de Pedro Sánchez– le filtó el documento para que lo utilizara en una sesión de control a Ayuso.
Cuando se dio a conocer la citación, el pasado lunes, Lobato aún era líder de los socialistas madrileños. El miércoles dimitió del cargo tras la polémica desatada en las filas del partido por el hecho de que llevara a una notaría la conversación con un cargo de Moncloa que le reenviaba el ‘email’ en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de Díaz Ayuso y que está bajo la lupa del Supremo.
El instructor considera que debe interrogar a Lobato ante «la posible aportación» que éste pueda hacer para el esclarecimiento de los hechos investigados. Según avisó en el auto de citación, el exdirigente socialista «deberá acudir aportando copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística».
LOBATO, LA PRIMERA DECLARACIÓN EN LA CAUSA
Lobato será la primera persona a la que el juez tomará declaración desde que el pasado 16 de octubre abrió causa contra el fiscal general y contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta implicación en la filtración denunciada por la pareja de Díaz Ayuso.
No obstante, no se trata de la primera diligencia que practica el instructor. El pasado 30 de octubre, Hurtado autorizó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y en el de Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Madrid.
De momento, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solo han presentado un informe en el que analizan la información incautada en la oficina de Rodríguez. Aunque aún está pendiente que entreguen sus conclusiones sobre el registro en el despacho de García Ortiz, en el informe relativo a la fiscal de Madrid ya apuntan que el jefe del Ministerio Público tuvo una «participación preeminente» en la filtración.
EL ACTA NOTARIAL
Este viernes, al estar citado como testigo, Lobato tiene la obligación de contestar con la verdad a todo lo que le pregunte el juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. También deberá responder al abogado de la pareja de Díaz Ayuso y a las acusaciones popular que ejercen Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
Lobato explico el lunes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que desde Moncloa le enviaron un correo electrónico con datos del novio de Díaz Ayuso. Descartó, sin embargo, mostrar la conversación «privada» en la que se le remitió.
Según manifestó, acudió a la notaría con el objetivo de que quedara «bien asegurada la conversación y no dependiese de la integridad de su móvil». «Por si pasa algo a mi móvil, tener claro que podemos acreditar en un procedimiento judicial en el que nos requieran información sobre eso, cómo claramente nos llegó a nosotros la información», apuntó.
El ex líder del PSOE de Madrid aseguró además que había ido solo a la notaría porque era una cuestión «personal». «No lo consulto con el partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío», dijo.
Aunque la filtración denunciada por González Amador se habría producido el pasado marzo, Lobato fue a la notaría a registrar estos mensajes meses después; en concreto, cuando el Supremo empezó a investigar al fiscal general por presunta revelación de secretos.
